Gaillard sostuvo que el Gobierno nacional ‘desconoce’ la Ley de Cannabis Medicinal

“Para evitar estas situaciones necesitamos la inmediata reglamentación de la Ley 27.350, respetando el abordaje sanitario desde el que fue elaborada por los distintos bloques políticos del Congreso”, exigió la legisladora en relación a la norma sancionada en marzo pasado que estableció la gratuidad en la provisión del aceite cannábico a ciertos pacientes por parte del Estado.

La presidenta de la Comisión de Salud, e impulsora de la ley, señaló: “La criminalización del uso terapéutico y medicinal del cannabis orquestada desde el Ministerio de Seguridad de la Nación es un avasallamiento del derecho a la salud que el Estado tiene que garantizar”.

“Debemos garantizar el derecho a la salud, y el rol del Estado en este sentido no puede ser represivo y punitivo, sino que debe acompañar, contener, legislar y garantizar, no sólo la calidad del producto consumido por los pacientes, sino también la seguridad de médicos y usuarios frente a las fuerzas de seguridad”, expresó la entrerriana.

Y agregó que “la intención de la ley de Cannabis Medicinal, votada por amplia mayoría en Diputados y por unanimidad en Senado, es priorizar la salud por sobre otros aspectos que están presentes en la temática”.

“En este sentido, la política de Seguridad del Gobierno nacional, conducida por la ministra Patricia Bullrich, obstruye una correcta política sanitaria. El Gobierno nacional prioriza el abordaje punitivo de la temática y no el del derecho de acceso a la salud, y eso nos parece inadmisible”, insistió.

Gaillard consideró que “es preocupante que el Poder Ejecutivo nacional desconozca que existe una legislación vigente en nuestro país que ampara el uso medicinal del cannabis. Lamentamos una vez más que el Ministerio de Seguridad de la Nación se interponga para garantizar el derecho a la salud de las personas”.

“Exigimos la inmediata reglamentación de la Ley de Cannabis Medicinal. Si hubiese reglamentación, las prácticas médicas con cannabis podrían estar reguladas por un Estado presente desde lo sanitario. No podemos dejar la política sanitaria en manos de la ministra de Seguridad”, finalizó.

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