En cuanto a la opinión de ambientalistas sobre la expansión sojera, Sarli dijo que “la expresión parece correcta porque es una interpretación de los hechos que fueron ocurriendo a medida que avanzaba la agriculturización. Es sabido que la agricultura va ocupando las tierras de mayor aptitud. Pero debemos precisar aptitud con respecto a qué”, expuso el funcionario.
“Hablar de aptitud solamente, no nos dice nada. Parece más correcto hablar de aptitud agrícola, forestal, ganadera o agrícola ganadera, ganadera forestal, etcétera. Y por lo mismo, cuando hablamos de zonas marginales debemos referirnos con respecto a qué actividad: puede ser marginal para la agricultura y tener excelente aptitud ganadera”, ejemplificó.
Sarli puntualizó que desde el punto de vista económico, es razonable la ocupación de las tierras que cuentan con una excelente aptitud, tanto agrícola como ganadera, con la agricultura: el producido por hectárea es mucho mayor que el ganadero y el valor de la tierra que está vinculado a la renta productiva crece con la actividad de mayor valor, como es el caso de la agricultura. “Obviamente, produce un desplazamiento de la ganadería hacia zonas de menor valor, considerando que la única actividad que puede desarrollarse es la ganadería”, explicó.
Algunos antecedentes
El proceso descripto llevó a que la ganadería se intensificara en la zona de islas, lo que se aceleró a partir de la inauguración del puente Victoria-Rosario y tras varios años en que el río Paraná se mantuvo en niveles por debajo de los históricos.
Al asumir la gestión de Jorge Busti, las islas fiscales se encontraban ocupadas por productores autorizados por convenios de tenencia precaria, que tenían un plazo de doce meses. “Este sistema, se instrumentó sin ningún criterio de otorgamiento hacia la explotación ganadera en islas y de manera totalmente irracional, debido a que si el período de explotación era de solamente doce meses, no se realizaba ningún tipo de delimitación del predio otorgado debido a que el plazo no permitía realizar ninguna inversión”, señaló Sarli.
“Todos llevaban los animales a islas y estos se diseminaban ocupando todos los espacios vacíos que encontraban con la sola limitación que el cuidador podía realizar. Y así fue como se llegó a una alta carga que era incompatible con el uso racional del suelo. Para decirlo de otra manera: había más animales de los que el sistema podía sustentar”, indicó luego.
Había una situación de hecho que venía de muchos años -aunque la ocupación masiva fue más reciente- y se consideró que lo más conveniente era regularizarla. La Legislatura entrerriana promovió la ley 9.603, a través de un proyecto del senador del departamento Nogoyá que permitió que se introdujeran numerosas modificaciones en su texto, a instancias del área competente de islas fiscales. Esta dispuso el arrendamiento de todas las islas fiscales.
En 2006, se realizaron las selecciones públicas de ofertas: una para las islas fiscales del departamento Gualeguay y otra para las islas fiscales del departamento Victoria.
La selección estuvo a cargo de una comisión de adjudicación y las adjudicaciones se realizaron a través de resoluciones que se encuentran publicadas en el Boletín Oficial y están en la página de Internet del Gobierno de Entre Ríos para ser consultadas por cualquier ciudadano.
“Después de casi dos años, ¿cuál es el resultado?”, se preguntó Sarli. “Casi la totalidad de los adjudicatarios ha realizado mejoras en sus predios, delimitándolos. Incorporaron puesteros y realizan una explotación racional, atento a que saben muy bien -como cualquier productor ganadero de tierra firme- que no pueden superar la carga animal que indica la sustentabilidad del sistema. O sea: la carga animal tiene que estar acorde con la oferta forrajera, con lo cual se ha logrado que hoy la carga animal en islas sea menor al sistema anterior. Además, se conoce perfectamente a los responsables de cada lote o predio”, graficó.
Dimensiones
El total de superficie de islas y anegadizos que comprende el delta entrerriano tiene aproximadamente 1.400.000 hectáreas, de las cuales el Estado provincial es titular de 190.000 hectáreas, es decir, el 13,5 por ciento del total.
“Por todo lo expuesto, no es cierto que el Estado haya contribuido a la modificación del uso de nuestros humedales a través de la promoción del régimen de arrendamientos de islas fiscales, como se señala desde Greenpeace, sino que trató de darle sustentabilidad a una actividad que estaba instalada desde hace muchos años y que se aceleró en los últimos tiempos para evitar el uso irracional que se estaba realizando”, aseveró Sarli, quien por último destacó: “No debe omitirse que en las islas viven personas que desde hace muchos años están afincadas en el lugar y viven de la actividad ganadera”.
