El referente de la entidad agraria dijo que en la asamblea estaban la Federación Agraria, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), la Sociedad Rural Argentina y la Federación de Cooperativas (Fedeco). Pero quienes pidieron la movilización fueron los productores de base. “Se va a hacer un petitorio que se va a llevar al tribunal (Superior Tribunal de Justicia) donde decimos que el fallo es demasiado exagerado con algunas cuestiones técnicas y algunas cuestiones más. Vamos a aportar a todos los jueces que no conozcan el tema a interiorizarse y a trabajar con las entidades como el Inta. Hay ingenieros que han trabajado muy bien. Hay productores que han trabajado mal seguramente pero hay gente que ha hecho las cosas muy bien y ese productor quiere defender su postura que es seguir produciendo”, recalcó.
En números concretos, sostuvo que hay 300.000 hectáreas en la provincia afectadas con la restricción terrestre (1.000 metros) a las fumigaciones que se triplica a 900.000 si son aéreas dado que la prohibición abarca el triple de superficie (3.000 metros). En cuanto a la cantidad de productores a los que alcanza la ley, no hay cifras exactas pero estimó que cada escuela tiene una o dos unidades productivas en sus cercanías. En consecuencia, en las 900 escuelas rurales existentes en Entre Ríos se estima un número similar o más de productores.
El representante de Federación Agraria dijo que una distancia de 100 metros para las fumigaciones terrestres, con un sistema de buenas prácticas, “no generarían ningún tipo de riesgo”. Además, se realizarían a contraturno, cuando los alumnos no están en la escuela. Respecto de las aéreas, dijo que en algunos lugares es muy circunstancial. Pero en el arroz se necesita, cuando ya está sembrado, para aplicar fertilizante. “No estamos hablando de pulverizaciones con fitosanitarios sino con un fertilizante que necesitas pero tampoco podes hacerlo de otra forma porque el campo ya está inundado, etc.”.
Guía señaló que se está frente a un problema social antes que económico. “La parte fácil es decir que nosotros queremos que se vayan las escuelas y queremos bancar a Monsanto. La verdad es que no me interesa ni una ni la otra: ni bancar a Monsanto ni que las escuelas se vayan”, dijo. “Lo que me interesa es que podamos convivir y sobretodo saber que vamos a hacer con ese productor que tiene la producción como forma de vida y no como una unidad de negocios. Lo único que tiene para hacer es eso: su producción para mantener a su familia y pagar sus impuestos”, señaló.
Además, negó que esté de acuerdo en mudar a las escuelas, pero sostuvo que hoy los establecimientos educativos están expulsando gente. por ello, pidió que se sancione algo lógico y que se puedan hacer las dos cosas: estudiar y producir.
“Acá se circunscribe todo a la soja y a los grandes productores, pero acá hay de todo. Hay productores tamberos, en la zona de Don Cristóbal Primero (Nogoyá), de Crucesita Séptima, hay productores ganaderos. Tenemos la citricultura, en la zona del macizo del noreste de la provincia. Y están complicados porque no estamos hablando ni de glifosato: estamos hablando de aplicaciones, de cualquier tipo de aplicaciones. No podés hacer ni siquiera un fungicida ni un spinosad para la mosca”, señaló Guía.
“Dejas muchísimas hectáreas sin producir. Hay algunos que no es afecta prácticamente en nada y hay otros que les afecta en un 100 % el campo”, dijo. “No estamos hablando de Monsanto y de la soja. Estamos hablando de muchos productores de nuez pecán, de ganadería, citricultura, lechería, donde no se puede aplicar tecnología cuando indefectiblemente aplicar porque, con la escala que tenés, sino optimizás todos los recursos, no sobrevivís”, añadió Guía.
Incluso, Guía indicó que la restricción afecta a las escuelas agrotécnicas. Anoche estaba el representante de los docentes de una de ellas y sostuvo que en el establecimiento donde trabaja hay un tambo con 120 vacas en ordeñe y 300 hectáreas en producción que perdieron el maíz y la alfalfa porque no pueden hacer ninguna aplicación. “Esa escuela necesita optimizar los recursos para poder sobrevivir la escuela”, dijo.
“¿Qué hacemos con todas las Juntas de Gobierno que tenemos? Las juntas de Gobierno son pueblos de 2.000 habitantes donde viven pura y exclusivamente de a cuestión agrícola-ganadera y seguramente la mayoría hay una escuela enclavada cerca de ellos. Estamos hablando de un problema social porque no sabemos que vamos a hacer con ellos”, indicó.
“Cuando hablamos de la producción orgánica que muchos lo dicen, hay ensayos hechos de que las producciones pequeñas puede funcionar muy bien pero no cuando hablamos de 300.000 hectáreas. Es muy complejo el tema y se trata muy livianamente en la prensa y nosotros lo hemos comunicado muy mal. Ellos lo han comunicado muy bien cuando hablan solo de glifosato y Monsanto y de los grandes sojeros sin tener en cuenta toda la cuestión social que hay por debajo que por ahí no se visibiliza pero que anoche si se visibilizaron y aparecieron”, dijo.
