A fin de completar el conjunto de pruebas para elevar a juicio la denuncia dispuso la designación de un Perito Agrónomo para que informe: si la fumigación se hizo “con arreglo a la normativa vigente”, cuáles fueron los plaguicidas utilizados y si está aprobado su uso, si la receta agronómica reúne los requisitos y “si se encuentra expedida por ingeniero agrónomo”, si los efectos agudos sufridos por los afectados son “consecuencia directa de la fumigación”, “consecuencias para la salud de la persona afectada” y todo otro dato que considere de interés. También libró un oficio al INTI para que en el término de diez días informe sobre estos mismos puntos.
“Por nuestra parte le comunicamos los últimos sucesos ocurridos en la escuela: una nueva fumigación terrestre ocurrida al momento del ingreso a clases -que fue interrumpida por la pronta participación del intendente de Santa Anita- y los destrozos realizados al cartel de alerta y a los vidrios de la ermita que contiene la virgen. También proveímos los números telefónicos del funcionario de la Subsecretaría de Agricultura encargado de realizar las inspecciones y control de las fumigaciones”, señalaron.
Desde la Campaña Paren de Fumigar las Escuelas ven con preocupación tanto que los organismos del poder ejecutivo –encargados del control- no respondan los requerimientos de la justicia, como que los organismos de justicia no puedan más que lamentarse por esta falta de respuestas. “Entendemos que los poderes del estado están constituidos esencialmente para regular la vida en sociedad y por lo tanto deben actuar en forma complementaria, por que cuando esto no sucede -como en este caso- se perjudica a la ciudadanía”, declararon.
