El tribunal, compuesto por los jueces Mariela Rojas, Miguel Giorgio y Marta Amaduzzi, tiene que determinar quienes adulteraron los documentos públicos. A los acusados se les imputa los delitos de uso de documento privado falso y malversación de fondos públicos. Las penas van de dos a diez años.
Todo se descubrió en 1999, cuando el Tribuinal de Cuentas de la Provincia realizó una auditoría en el municipio y encontró las facturas adulteradas. El fiscal que interviene en el juicio, Carlos Larrarte, expresó que «los números concretos certificados por el Tribunal de Cuentas son $ 14.000. Pero hay un montón de números alrededor de otras cosas que están a determinar».
Para mañana, se espera la declaración de los proveedores involucrados en los hechos que se investigan. Hay negocios de venta de materiales de construcción. Entre ellos, por ejemplo, se espera que acuda el titular de un local de venta y colocación de vidrios, Delgado Vidrios, que suministró acrílicos a la intendencia por un monto de $ 4.000 a pesar de que no existía. «Hay rendidos $ 4.000 de facturas que aparentemente pertenecían a un comercio que estaba cerrado a la época de los hechos», expresó el fiscal.
Otras facturas cuyos números fueron escritos por bolígrafos distintos. «Se agregaban números adelante o se adulteraban otros y quedaban facturas por importes muy superiores a los gastos efectuados», añadió.
Fuertes prestó declaración indagatoria durante la etapa de instrucción y se negó a sentarse en el banquillo de los acusados para responder las preguntas de la Sala Penal. En cambio, el secretario Saporittis se presentó, a pesar de que también había declarado en instrucción. Explicó como era el manejo administrativo del municipio. No obstante, su abogado defensor Diego Lascurain, recusó muchas preguntas efectuadas por el fiscal, la presidenta de la sala y de los restantes defensores apelando al derecho de un acusado a negarse a declarar contra sí mismo. «Mi defendido lo que hizo fue dar la explicaciones que él entendía correspondían a su defensa», alegó Lascurain.
La estrategia del Tribunal es identificar a quien o quienes realizaban los pedidos y quienes pagaban los mismos, incurriendo en las irregularidades mencionadas. Larrarte y Rojas preguntaron a los fines de dilucidar quien ejercía el control de la documentación que ingresaba, quienes intervenían en las ordenes de compra, quien autorizaba los gastos, etc.
Durante la mañana desfilaron cuatro empleados municipales que trabajaban en esa época en el municipio. Los testimonios era seguidos de cerca por los abogados defensores, atentos a quienes nombraban los testigos como encargados realizar las compras y pagar las facturas.
Jorge Romero, ex-Fiscal de Estado de la actual gobernación, es el defensor de Velazco. El letrado aseguró que su defendido no quiso declarar porque «fue muy claro y expresó todo lo que hacía a su defensa en el Juzgado de Instrucción. Para no prolongar y repetir lo mismo, se remitió a lo dicho». En instrucción, Velazco adujo que no ordenaba ningún tipo de compra ni de pago. «No tenía absolutamente nada que ver con la cuestión económica; con el dinero; ni tampoco las facturas».
Velazco trabajaba en la parte informática y en los balances. «Iba dos veces por semana, por eso el sueldo era reducido; es profesor universitario; de ninguna manera se va a andar, perdóneme que hable así, ensuciando las manos en una factura para comprar en un kiosco $ 30 pero agregar como si hubiesen sido $ 80», adujo Romero.
En cambio, Lascurain atribuyó esas funciones a Velazco, Christensen y Fuertes. «Por ley, tienen esas funciones el contador y el tesorero y la función política de ordenar el gasto el intendente. Los demás imputados centran toda la responsabilidad en Saporittis y por eso Saporittis está en el juicio dando su verdad y su explicación».
Las audiencias seguirán hasta el viernes próximo.
