Los testigos, Jorge Villalta (Sanitarios Litoral), Roberto Niez (Nimat) y el propietario del “Rey del Papel”, declararon cuales fueron los procedimientos de compras y pagos de las operaciones comerciales con el municipio. También declaró un programador, de apellido Torales, quien diseñó el software por el cual se manejaba la contabilidad de la intendencia para explicar como funcionaba el sistema.
Es que los integrantes de la Sala Penal, Mariela Rojas, Miguel Giorgio y Marta Maduzzi, están abocados a determinar fehacientemente quien efectuaba los pagos. Las sospechas recaen sobre todos los imputados, debido a que el procedimiento administrativo para el pago de un expediente atraviesa diversas áreas de la intendencia. Pero los abogados apuntan a desligar a sus defendidos del manejo del dinero.
Dri, señaló esta mañana que su cliente no declaró en el juicio porque considera que “ya dijo todo lo que tenía que decir” en la etapa de instrucción. La estrategia de la defensa pasa por demostrar que “Benigno Fuertes no tuvo ninguna participación en los hechos que se investigan”, agregó.
Consultado sobre la responsabilidad institucional del acusado por tratarse de la máxima autoridad, Dri señaló que fue el encargado de elegir a sus colaboradores pero no significa que sea responsable por los hechos de sus colaboradores. “Puede haber una responsabilidad política de elegir pero no puede cargar con los actos que puedan cometer otros funcionarios”, expresó.
Según Dri, no hay responsabilidad penal de Fuertes por haber firmado las órdenes de compra. “Uno ordena la compra de la necesidad que tiene el municipio. No hay responsabilidad por emitir una orden de compra. Eso es independiente que se haya adulterado o no documentación para inflar los recibos”, añadió.
El letrado también recalcó que el dinero objetado en junio de 2001, $ 11.400, por el Tribunal de Cuentas fue devuelto por Fuertes al mes siguiente. “De su propio pecunio puso los $ 11.400 a los efectos de continuar con la operatoria”, puntualizó. Sucede que, en caso que el Tribunal de Cuentas no apruebe un período presupuestario, automáticamente suspende la coparticipación. Y Puerto Yerúa, municipalidad de 2º categoría, depende esencialmente de la coparticipación para abonar los sueldos.
De todas formas, las irregularidades administrativas desembocaron en un proceso judicial que siete años después condujeron a Fuertes y sus subordinados a la Sala Penal. “Las figuras delictivas se tipifican por el hecho de que el Tribunal de Cuentas impugnó los recibos y no depende del reintegro del dinero”, sostuvo Dri.
Una fuente presente en el juicio aseguró a DIARIOJUNIO que la mayoría de los proveedores habrían señalado que quien efectuaba los pagos era el secretario de Gobierno, Osvaldo Saporittis, lo cual complicaría su situación. En cambio, el defensor de Saporittis, Diego Lascurain, dijo que los testigos no aportaron demasiado.
Mañana declararán dos testigos nuevos propuestos por la fiscalía. Se trata del propietario de Delgado Vidrios, Manuel Delgado, y otra persona apellidada Díaz, dueño de una panadería. Las audiencias no finalizarán esta semana debido a que el lunes próximo deberán divulgarse los resultados de una pericia sobre facturas que solicitó la fiscalía. “También hay pendiente de decepcionar un informe a la DGI, así que seguramente a mediados de la semana que viene terminaremos el proceso y pasaremos a la etapa de alegatos”, dijo Lascurain.
Actualmente, Fuertes no está al frente de la Junta de Fomento. Si bien fue electo nuevamente en 2003, prefirió separarse del cargo a la espera del resultado de este juicio. En caso de recibir una pena de prisión, excepto que sea de cumplimiento efectivo o que se lo inhiba de ocupar cargos públicos, podría reasumir en su cargo.
