Cabe remarcar que nos encontramos ante una violación de la Ley de Educación Superior N° 24.521, norma que establece en su artículo 31° que “la fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”, no habiéndose cumplido ninguna de estas circunstancias en el hecho que denunciamos. Sin embargo, la gravedad de esta embestida contra la autonomía universitaria trasciende el terreno de lo legal y se enmarca en un contexto político, económico e institucional que pone en riesgo a la educación pública como el derecho social que consideramos elemental para nuestro pueblo y que ha sido conquistado gracias a las luchas de miles de docentes y estudiantes a lo largo de la historia argentina.
En efecto, mayor es la preocupación frente a las políticas educativas impulsadas por el gobierno nacional cuando observamos que en los últimos años el presupuesto destinado a las universidades públicas y el financiamiento de la investigación científica y técnica se han reducido en un 10%, sumado esto al deterioro salarial a causa de la inflación, el congelamiento de la planta docente universitaria, la disminución del número de investigadores previsto para el cobro del incentivo a la investigación y la reducción de las becas estudiantiles. Todo esto configura un paquete de medidas que actúan en desmedro de las instituciones universitarias y se tornan funcionales al sector privado, reflejando el mismo esquema de ajuste que se viene implementando en el resto de los niveles del sistema educativo.
En vísperas de conmemorarse en junio del año próximo el centenario de la Reforma Universitaria, hito fundamental para la historia de la universidad pública argentina que sentó las bases de un proceso democratizador que se inició en Córdoba y se expandió por toda Latinoamérica, consideramos imprescindible mantenernos en estado de alerta y realizar un fuerte llamado de atención a los responsables de garantizar una educación universitaria de excelencia, con presupuestos acordes a las exigencias del funcionamiento de nuestras instituciones y un gobierno que respete los principios de autonomía y cogobierno consagrados en 1918 y lo establecido en el artículo 31° de la ley.
Por todo lo expuesto, exigimos al gobierno nacional una inmediata investigación para esclarecer lo ocurrido y asegurar que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse, al mismo tiempo que hacemos llegar nuestra solidaridad a los compañeros docentes, estudiantes y administrativos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, reiterando nuestra defensa irrestricta de la educación pública y de los derechos de toda la comunidad universitaria.
Firman:
AGMER; AGDU; SADOP; AMET; UDA; APUNER; CITER Sociales (CONICET); CTA de los Trabajadores Entre Ríos; Colectivo Universidad Pública, Memoria y Emancipación (docentes UADER); MPE (Movimiento de Participación Estudiantil -estudiantes UNER); La Fede (estudiantes Educación UNER); Frente UADER entre Tod@s (estudiantes UADER); Secretaría de Cultura (Centro de Estudiantes FCEdu-UNER); FUP (Frente Universitario Popular, estudiantes FTS-UNER), Centro de Estudiantes FCyT , La Iniciativa (estudiantes FCyT-UADER).
