Aunque el mencionado Plan de Acción tiene fecha del viernes 20 de julio, la reacción desde Senadores recién se produjo este fin de semana. El encargado de responder fue el justicialista Mariano López, quien no sólo se quejó por el reclamo sino que criticó el proyecto al decir que hay “temas que no están contemplados”.
López dijo que el proyecto de ley de Ética Pública es sometido a una serie de modificaciones, por lo que no pudo asegurar cuándo será tratado en el recinto de la Cámara alta.
“Cuando se habla de ética, también hablamos de respetar los poderes. Que el funcionario haga lo que tiene que hacer y deje a los legisladores que hagan lo que tengan que hacer”, sostuvo el senador por el Departamento Colón, en declaraciones al sitio Recinto Net que su oficina de prensa se encargó de difundir.
También dijo que sobre la iniciativa que remitió el Poder Ejecutivo se hará “una serie de modificaciones” y precisó que las mismas están vinculadas a “temas que no están contemplados”.
El reclamo
Como se recordará, la Oficina Anticorrupción elaboró su Plan de Acción Julio 2007-Julio 2008 pretendiendo suplir la carencia que significa la no sanción de la Ley de Ética Pública.
El informe recordaba que la Dirección de Políticas de Transparencias de la Oficina Anticorrupción de la Nación elaboró una propuesta en la cual “sugiere trabajar en determinados lineamientos, destacando muy especialmente como próximo paso a seguir la necesidad del fortalecimiento institucional” del organismo provincial.
Se indicaba que dicho plan es parte de un proyecto “más ambicioso”, que consiste en el diseño de un Plan Estratégico, que es otra de las sugerencias del organismo nacional para aumentar la transparencia, que prevea la definición de objetivos y metas para el mediano y largo plazo.
“Sin embargo –afirmaba la OAEP– no es posible elaborar un Plan Estratégico si no contamos todavía con la Ley de Ética Pública. (…) Este paso institucional se convierte entonces en el objetivo indispensable de corto plazo para poder proseguir y profundizar la política de Estado que nació con la creación de la Oficina Anticorrupción y Ética Pública”.
Por último señalaba: “Se insiste en la necesidad de la pronta sanción de la Ley de Ética Pública, que otorgará a la Oficina Anticorrupción la independencia necesaria” para optimizar la denuncia de actos de corrupción.
