Carlos Gherardi, doctor en medicina y experto en bioética, sostuvo en una columna de un matutino porteño que la resolución del Ministerio de Salud que flexibiliza y amplía los causales de interrupción del embarazo tiene un contenido «inexplicable e insólito».
Más allá de las elevadas tasas de mortalidad materna en el país y los argumentos que se esgrimen en pos de la necesidad de regular este tipo de intervenciones, el especialista destacó la desprotección en la que quedan los médicos que las realizan.
«Resulta inaceptable la explícita amenaza de acciones administrativas, civiles o penales contra los profesionales que no acepten este protocolo» , señaló Gherardi, debido a que, explicó, se da paso a ampliar de manera extrema la «inseguridad jurídica» que envuelve la práctica médica en el país.
«Todos los manuales de nivel escolar secundario enseñan que es el Congreso con una nueva ley el que deberá salvar o corregir una interpretación controvertida o aún cambiada por las circunstancias y nunca será posible confiar en una aclaración», prosiguió el profesional, según publicó el diario Clarín. Y agregó: «Los médicos entendemos bien lo que dice el Código Penal, pero si existen dudas o controversias, ¿por qué el protocolo no se dirige al Poder Judicial si correspondiere? Simplemente la respuesta es no, porque sería absurdo».
Con respecto a la posibilidad de que los especialistas que se nieguen a practicar un aborto sean demandados civil y/o penalmente, Gherardi señaló que «además de ser arbitraria y desdorosa, constituye una agresión que la profesión médica no merece».
Incluso recordó la inconsistencia que, para él, tiene una declaración jurada de una menor a partir de los 14 años que busca la interrupción de un embarazo tras una presunta violación. «¿En qué foro judicial un médico podrá defender la validez jurídica de este papel, cuando hoy hasta hay que firmar un consentimiento informado para darse una vacuna no obligatoria sin prescripción médica?», se preguntó.
De acuerdo a lo que explicó, esta medida «fortalecerá aún más una medicina defensiva que conspirará contra el ejercicio racional de la profesión y aumentará el deterioro de la calidad de atención de la población».
