“Lo que dice Piedecasas son noticias viejas. Pudo haberlo dicho en 2016 y 2017, cuando los concursos también estaban en trámite. Estas promesas sólo responden a intereses políticos, con motivo del inicio de la campaña electoral para designar un nuevo Consejero de la Magistratura nacional, en las elecciones del 5 de octubre próximo”, aseguró Enrique Martínez.
“Desde abril del 2015, que presido el Colegio de Abogados de Entre Ríos, no tuve nunca un contacto con el doctor Piedecasas. Él ha venido a Paraná en varias oportunidades y solo realiza reuniones con amigos, correligionarios y con jueces, pero nunca con la abogacía organizada”, continuó Martínez. A nosotros nos quedó llevar los reclamos de los colegas, ante las autoridades judiciales federales en la provincia y ante el Ministerio de Justicia de la Nación.
“Hay un retraso importante en el Consejo de la Magistratura. Los concursos de Concordia, Gualeguaychù y Victoria se han demorado mucho, con años sin movimientos. Por ejemplo, recién el año pasado y por iniciativa de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich se pidió por el Juzgado de Concordia, por el alto nivel de conflictividad ante el narcotráfico y contrabando. Hoy tomamos conocimiento que el Presidente de la Nación propone la creación de 94 juzgados federales especiales por ese mismo motivo. El servicio de Justicia Federal en Entre Ríos deja mucho que desear, no sólo en los concursos, sino principalmente en cuestiones edilicias, de equipamiento y de falta de personal. Y esto también es función esencial del Consejo de la Magistratura que administrada el presupuesto del Poder Judicial”, afirmó el presidente del CAER.
A pesar del incremento en actividad judicial que implica la “Reparación Histórica” para jubilados y pensionados, no se aumentó el plantel de personal en forma adecuada. El Consejo de la Magistratura nacional no solo gestiona el presupuesto, elige y juzga la conducta de los magistrados nacionales y federales, sino que también aplica sanciones disciplinarias y proporciona capacitaciones.
Cabe recordar que en el Juzgado de Victoria hay un inmueble por el que se paga un alquiler desde hace muchísimos años y sólo lo habita un guardia de seguridad. En cambio, el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay no se podía habilitar porque no tenían inmueble. Las autoridades asumieron varios años después de tener aprobado su pliego por el Senado.
Además, el Tribunal Oral Criminal Federal de Paraná elevó quejas en varias oportunidades a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Consejo de la Magistratura por la imposibilidad de brindar un adecuado servicio de Justicia en el juzgamiento de los encausados, tal como manda la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Martínez recordó que en Entre Ríos existen cuatro juzgados federales en funcionamiento, dos tribunales orales en lo criminal y la Cámara Federal de Apelaciones. Y fueron creados por ley tres juzgados federales más: Víctoria, Gualeguaychú y Concordia, con atrasos en los concursos.
“El Consejero de la Magistratura en representación de los Abogados del Interior no estuvo acompañando a la abogacía argentina organizada en el proyecto de Ley de la Matrícula Federal. Es más, se opuso a este proyecto que beneficia a todos los colegios de abogados del interior del país”, precisó Enrique Martínez. Y agregó: “Tampoco apoyó el reciente proyecto de Ley que presentó la Federación Argentina de Colegios de Abogados (F.A.C.A) ante Diputados de la Nación para reformar el Consejo de la Magistratura, en el que se pide el respeto a la Constitución Nacional en cuanto al equilibrio igualitario de los tres estamentos (jueces, políticos y abogados) para integrar el Consejo de la Magistratura. Piedecasas apoyó el proyecto del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que es una iniciativa que perjudica a los abogados del interior, restando un representante de la matrícula”.
La semana pasada, presidentes y dirigentes de más de 40 colegios de abogados del interior del país, aprovechando la Junta de Gobierno de nuestra Federación que sesionó en Catamarca, nos reunimos y resolvimos apoyar “un representante que responda solamente a los intereses de la abogacía federal, sin interferencias de sectores políticos partidarios ajenos a la cuestión profesional, ya que ellos ya tienen su representación con legisladores y el Poder Ejecutivo”.
