Fueron individualizados los restos del entrerriano Carlos Pargas, desaparecido y asesinado en 1976

La noticia fue confirmada por Radio Máxima de Gualeguaychú, donde Alicia Pargas, hermana de Carlos Raúl, brindó un conmovedor testimonio tras la identificación de los restos. Carlos Raúl Pargas, nacido en Gualeguaychú en 1948, terminó el secundario en el Colegio Nacional y se fue a La Plata y luego a Buenos Aires, y a mediados de la década del setenta, además de militar en política, trabajaba en el Banco de la Nación.
Fue detenido el 12 de julio de 1976 en su lugar de trabajo, Banco de la Nación Argentina, sucursal Pellegrini de la Capital Federal, en la intersección de las calles Pellegrini y Paraguay. El caso fue denunciado por los familiares ante la Policía Federal, Ministerio del Interior, Tribunales, Comisión de Derechos Humanos y Nunciatura, pero sin resultados.
Pargas transitó por el centro clandestino que funcionaba en la Superintendencia de Seguridad Federal (Coordinación General), situada en Moreno 1417 de la Ciudad de Buenos Aires. Su hermana, Rosa María Pargas de Camps, desapareció en agosto de 1977 en Lomas de Zamora. Ese día, el Ejército secuestró y asesinó a su esposo, Miguel Angel Camps. Pero aparecieron los hijos, Mariano de 3 años y María Raquel, de 11 meses, ambos criados por sus abuelos paternos. Hoy, Mariano tiene 31 años, y María Raquel 28.

La «Masacre de Fátima»

El 19 de agosto de 1976 un grupo militar se instaló con un control caminero sobre la ruta 9, mientras aviones sobrevolaban el área, y se veían camiones y los tristemente famosos Ford Falcon recorriendo la zona. Poco después de las 4 de la madrugada siguiente, una gran explosión sacudió el lugar y despertó a casi todo Fátima. Minutos antes habían llegado una camioneta y un furgón. Nadie se atrevió a ir a ver qué había pasado. Los obreros de un horno de ladrillo cercano al lugar, se encontraron esa mañana con un macabro espectáculo: restos humanos se esparcían en un radio de cien metros.
Casi inmediatamente fue cerrada el área por soldados que impedían el paso y a los reporteros gráficos se les secuestraron las fotos tomadas. Los soldados y personal civil recogían pedazos de los cuerpos dinamitados y los cargaban en un camión municipal. Según el parte policial las víctimas eran treinta personas –diez mujeres y veinte hombres- la mayoría jóvenes, incluso algunos adolescentes. El informe judicial dice que todos los cadáveres presentaban balazos en la cabeza, tenían las manos atadas y tiras de género sobre los ojos. Sólo cinco personas fueron identificadas inicialmente: Inés Nocetti, Ramón L. Vélez, Ángel O. Leiva, Alberto E. Comas y Conrado Alzogaray. Las otras 25 fueron inhumadas como NN en el cementerio de Derqui.
Nunca se proporcionó la lista de nombres y las pruebas dactilares fueron «robadas». En su momento la Junta Militar emitió un comunicado repudiando el «vandálico hecho, solo atribuible a la demencia de grupos irracionales que con hechos de esta naturaleza pretenden perturbar la paz interior y la tranquilidad del pueblo argentino, así como también crear una imagen negativa del país en el exterior».

16 de las 30 víctimas fueron identificadas

En el Juzgado Federal de Mercedes se abrieron dos causas, una relacionada con la masacre y otra debido a la «pérdida» de las fichas dactiloscópicas de las víctimas. Las causas cerraron rápidamente.
En 1985 el Equipo Argentino de Antropología Forense exhumó los cuerpos sin identificar. La sanción de la Ley de Obediencia Debida archivó el expediente y los restos quedaron en un cuartito en el cementerio de Derqui. Diez años después se reabrió el caso en el marco de los juicios por la verdad. Se realizaron las pruebas de ADN.
Hoy se están realizando pruebas para identificar a todos, quienes estaban denunciados como desparecidos y habian estado secuestrados en el centro clandestino que funcionaba en la Superintendencia de Seguridad Federal (Coordinación General), situada en Moreno 1417 de la Ciudad de Buenos Aires.
El pasado 20 de junio, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó con prisión preventiva a tres ex altos jefes de la Policía Federal durante la última dictadura por el fusilamiento de 30 personas, en lo que se conoció como la Masacre de Fátima. Hasta el momento se pudo reconocer a Inés Nocetti, Ramón L. Vélez, Ángel O. Leiva, Alberto E. Comas y Conrado Alzogaray, Daniel Argente, José D. Bronzel, Susana Pedrini de Bronzel, Carmen Carnaghi, Haydée Cirullo de Carnaghi, Norma S. Fontini, Selma J. Ocampo y Horacio O. García Gastelú, y recientemente a Carlos Raúl Pargas, Ricardo José Herrera y Juan Carlos Vera.

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