El tema central de la denuncia penal contra los concejales iniciada en Octubre de 2005 ante el juzgado de instrucción a cargo de la jueza Cristina Kucharú de Romero, fue por un proceso licitatorio en el que el municipio abrió un registro para que se inscriban aquellos que necesitaban de un terreno para la construcción de su vivienda.
La cuestión fue que para inscribirse como postulantes había que reunir una serie de requisitos especificados en la norma pública. Para hacerse acreedores del beneficio de comprar esos terrenos del municipio se inscribieron concejales y varios familiares directos de los ediles denunciados. Como varios de ellos no reunían los requisitos exigidos por norma, fueron excluidos del listado por parte del poder Ejecutivo. Ante tal situación, los concejales incluso aquellos que tenían intereses personales votaron, sin excusarse, una Resolución (la 307) que detuvo la licitación, es decir, el proceso de venta de esos terrenos. Tal Resolución fue vetada por el Poder Ejecutivo y los concejales insistieron con otra Resolución (la 308) por medio de la cual insistieron con la suspensión.
Así, el poder legislativo le ganó la pulseada al Ejecutivo. Sin embargo, esa lucha entre poderes derivó en una denuncia penal involucrando a otro poder, el judicial.
BREVE HISTORIA
Hace más de una semana DIARIOJUNIO informó que un funcionario del gobierno nacional que ejerce su función en Federación denunció a la jueza “por inacción”.
Es que, según ese funcionario, la justicia debía haber imputado a los ediles. La presentación fue efectuada ante el Superior Tribunal de Justicia.
Quizá por esa denuncia el fiscal formula el requerimiento formal e imputa.
En esa ciudad, el comentario era que la justicia no había hecho nada porque no se quería meter “en un problema político”. Luego de la imputación podría inferirse que la política se metió en la justicia obligándola a tomar partida.
ACTORES
El fiscal de esta causa es Juan Ángel Benítez (quien formuló el requerimiento fiscal e imputó) ; la jueza de Instrucción Cristina Kucharú de Romero (quien indagó a los imputados) ; la Secretaria de ese juzgado es una mujer de apellido Benítez que se excusó por amistad manifiesta con uno de los acusados ; Benítez fue subrogada por Gerardo Ormaechea que, en rigor es secretario del juzgado civil.
