La medida judicial fue entablada por una docente que reclamó una indemnización por un accidente laboral, y si bien en primera instancia el Estado fue condenado a pagar el resarcimiento, sucesivamente la sentencia fue apelada hasta que finalmente el fallo quedó en firme.
El Consejo General de Educación (CGE) fue condenado a hacer frente a una demanda que, en principio, era por 275 mil pesos, y en la que los honorarios que percibió el estudio del abogado Héctor Fischbach, que representa a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), fueron fijados en 85 mil pesos.
Los datos fueron confirmados por Felipe Ascúa, el jueves 10, durante una entrevista que se concretó cinco horas antes de que el Gobierno decidiera echarlo del cargo que ocupaba hasta entonces, como titular del CGE. “Nos sacaron de la cuenta de programas nacionales destinada a capacitación la suma de 85 mil pesos. A través de los abogados nuestros, intenté hacer razonar al juez de que estas cuentas tienen un fin determinado, y no es plata de la provincia: es plata de la Nación que viene a cumplir una finalidad. Pero los jueces entendieron que al ser parte de un convenio Provincia-Nación, son afectables, y nos sacaron los 85 mil pesos que teníamos, para pagar a un abogado que había demandado por 275 mil pesos al Consejo de Educación”, había dicho el funcionario ahora afuera del Gobierno.
El embargo, aunque minimizado por algunos funcionarios del Consejo de Educación, consiguió sin embargo entorpecer el desarrollo de los planes de capacitación docente que financia la Nación, y que se coordinan desde la cabecera provincial de la Red Federal de Formación Docente Continua. Y no es el primer traspié que ocurre: hace dos meses la Nación trabó el desembolso de las partidas correspondientes a 2005 por cuanto la provincia no había rendido en tiempo y forma lo utilizado a lo largo del año último. A raíz de eso, fue echado un funcionario provincial afectado a la tarea de rendir el dinero que recibía Entre Ríos desde el Ministerio de Educación.
Ahora, el embargo traba la continuidad en forma normal del programa Cine Maestro: si bien las actividades programadas en 2005, el segundo año de su aplicación, avanzan tal cual lo planeado por la coordinación, que está a cargo de la docente Carina Rattero, los profesores invitados a participar de charlas y seminarios están al aguardo de que el CGE les abone lo pactado por esa tarea, hecho que ocurriría en los próximos días, cuando Economía reponga lo embargado. No es lo único: un transportista que trasladaba docentes de Viale a Paraná para participar de los encuentros de capacitación cobró sus servicios con un cheque que no tenía fondos.
