El tribunal se vio imposibilitado de pronunciar otro veredicto y dictó la absolución de la mujer debido a que el fiscal José María Chemes pidió la absolución de la mujer imputada de los delitos de Peculado reiterado. Durante los alegatos, Chemes señaló que existió una desorganización en los registros de los movimientos de dinero de la Delegación del Consejo del Menor de La Paz pero está comprobado que no existió daño alguno para el Estado provincial.
Por otra parte, sostuvo que las partidas destinadas a refacción de inmuebles fueron derivadas a la alimentación de menores de otras instituciones, este hecho podría estar tipificado como malversación de caudales públicos, pero de ser así ya estaría prescripto.
La defensa, a cargo del abogado Marciano Martínez, adhirió a la solicitud de absolución del fiscal y sostuvo que “el sistema del Estado provincial estuvo en crisis y que esta situación hizo vulnerable a los empleados públicos que tenían a su cargo la función de administración de bienes destinados a la minoridad”.
El letrado concluyó que no existió daño, y si algunos fondos fueron utilizados para la alimentación de los menores cuando tenían otro destino, se debía aplicar el estado de necesidad, ya que el hambre era el mal mayor que había que evitar. Para Martínez estos hechos ocurrieron entre 2000 y 2002, lapso en que el país estaba sumergido en una profunda crisis económica y, en particular, en Entre Ríos donde la moneda había sido sustituida por el bono federal.
