Froy expresó que la entidad siempre abogó por la prohibición total de la pirotecnia debido a los inconvenientes que genera en animales y personas en general y en especial mayores, que padecen alguna enfermedad o con autismo. No obstante, también se mostro partidario de una restricción parcial y paulatina pero manifestó sus reservas respecto del modo en que se implementaría.
De autorizarse un ‘piródromo’, debería analizarse el lugar donde se constituirá debido a que si se radica lejos de las zonas urbanas, se alejarían los problemas de las zonas urbanas pero afectaría a las aves y los animales cercanos al lugar donde se autorice. Por ejemplo, de autorizarse en San Carlos perjudicaría las especies que se resguardan en el monte autóctono.
La concejal Irma Bergalio (FPV) dijo el jueves pasado que se acordó en el seno del Concejo en Comisión que se reúnan los autores de las iniciativas junto con los elementos que quedaron de la audiencia pública realizada el 5 de agosto para elaborar una norma de consenso donde se contemplen los interés de todos, tanto de la población como de quienes venden pirotecnia. La idea es realizar una reforma legislativa gradual y no tomar una medida drástica como pirotecnia cero.
Por su parte, Froy sostuvo que si solamente se autorizan los elementos luminosos, no cesa el riesgo derivado de una mala manipulación o un defecto de fabricación al momento de la ignición.
Más adelante, dijo que el Concejo solo podría otorgar una excepción en muy pocos casos como una fiesta patria. Y los elementos deberían ser manipulados por el Estado mediante personal experto o profesional.
Respecto de las fiestas de recepción, donde la utilización de pirotecnia es obligatoria y siempre a altas horas de la noche, Froy dijo que debería quedar prohibida definitivamente. “No cumple con ninguno de los puntos que habilitarían una excepción. Molestamos al medio ambiente, a las personas y de los accidentes ni hablar”, dijo.
Asimismo, lanzar cohetes y bombas de estruendo en una recepción debería ser autorizado por el Concejo. De darse ese hipotético caso, cualquier particular tendría argumentos para solicitar que un cumpleaños o festejo pueda realizarlo de manera estruendosa. “Habría que otorgarles una excepción a todos. Serían más excepciones que la regla”, indicó.
Froy también hizo referencia a los argumentos que arguyen los sectores que fabrican y comercializan artefactos de pirotecnia. En ese sentido, se señala que la prohibición generaría la demanda de elementos clandestinos, fabricado sin controles de ningún tipo, que incrementaría notablemente el riesgo de accidentes. El titular de la entidad intermedia dijo que, en ese caso, se produciría una falla de los controles que debe ejercer el Estado.
“Si alguien sale a comprar pirotecnia algo que está prohibido, que es ilegal y no tiene autorización del Renar, pone en riesgo su salud y la del resto de las personas. Entonces, el Estado tiene que ejercer el control como el ingreso a la ciudad de esos elementos”, dijo. Al tratarse de artículos ilegales, como cualquier otro elemento fabricado clandestinamente o traídos desde el exterior de contrabando, deberían ser incautados por Gendarmería. “No se puede decir que no se puede prohibir la venta porque no se puede controlar. Esta fuera de discusión esto”, mencionó.
Por último, restó importancia al argumento de que la pirotecnia legal genera puestos de trabajo. Froy dijo que supo que algunos vendedores facturan $ 300.000 anuales de venta. “Eso significa $ 50.000 mensuales. ¿Qué fuente de trabajo se puede mantener con esa venta? Tiene que sacar un beneficio económico, Supongamos que saquen el 50 %, les queda $ 25.000. ¿A quién le paga un sueldo con $ 25.000 cuando cualquier sueldo con cargas sociales gasta $ 12.000? Me parece que como negocio no es muy bueno y deberían dedicarse a otros emprendimientos más rentables y menos perjudiciales para la comunidad”, dijo.
