Tanto el retiro de los diplomáticos como el de los jueces aparecen en la agenda del Gobierno en el capítulo de jubilaciones de privilegio. Si se retiran como embajadores, los diplomáticos cobran cifras que bordean los 400 mil pesos por mes.
La carta de los diplomáticos, a la que tuvo acceso Página/12, pide a la Asociación de Personal del Servicio Exterior de la Nación que “efectúe todas las acciones tendientes a morigerar los impactos legislativos sobre el régimen vigente que recorte nuestros derechos y que se contemple en particular los motivos de su existencia”.
Firman, entre otros y otras, Daniel Raimondi, Alejandro Nieto, el embajador en Italia Tomás Ferrari, Ernesto de La Guardia, el embajador en el Reino Unido Renato Sersale di Cerisano, Felipe Frydman, Ricardo Massot, Eduardo Angeloz y el ex vicecanciller de Mauricio Macri en sus comienzos Carlos Foradori.
“Se trata de nuestro futuro previsional y el de nuestras familias”, dice el texto. “Por cuestiones conocidas por todos, nuestro modo de servir al Estado conlleva vivir con inestabilidades permanentes, con un solo ingreso (en la enorme mayoría de los casos) por impedimentos jurídicos y fácticos que la carrera y las disposiciones imperantes nos imponen como grupo familiar y eso debe ser puesto en valor.”
Los firmantes le piden a Apsen que además de establecer un vínculo con la consultora Symfonía, con la que dicen haber mantenido contactos informales, “también contrate a un estudio jurídico de primer nivel que nos asesore” porque “el tiempo se agota” y “en pocos días comenzará el tratamiento del proyecto”.
Otra de las medidas para un lobby exitoso debería consistir en el nexo con miembros del Poder Judicial, activos y jubilados, porque también estarían alcanzados. “Hay que hablar orgánicamente con ellos”, sugiere el texto. “La Asociación de Magistrados es muy importante”, y también el gremio de los judiciales. Lo mismo el experto previsional de la Corte.
La consultora debería ocuparse “del trabajo en terreno con senadores, diputados y grupos parlamentarios donde el Apsen y sus autoridades, por razones obvias, no llegan o no conocen su dinámica”.
Con origen en el siglo XVIII británico (en el lobby de la Cámara de los Comunes se juntaban comerciantes y agricultores para influir sobre los representantes) la actividad está más controlada en los Estados Unidos a través de la Regulation Lobbying Act.
