En ese sentido, el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez, señaló que la ley supone “una herramienta eficaz para ejercer plenamente derechos como la libertad de expresión, salud y educación, entre otros”.
"Estamos contentos. Con esta ley vamos a tener más transparencia en la gestión y control sobre el accionar de los funcionarios. Hoy más que nunca, la información del Estado es información del ciudadano", destacó Pérez.
Además, la subsecretaria de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, Marina Carbajal, ponderó que el presidente Mauricio Macri “asumió el compromiso de mejorar las instituciones” y que la ley “es un paso más para garantizar transparencia".
"Los argentinos tenemos derecho a saber cómo se toman las decisiones de gobierno. La Ley de Acceso a la Información Pública permitirá que cualquier persona pueda preguntar a todos los poderes del Estado. Esperamos que las provincias nos acompañen adhiriendo a ley para mejorar las instituciones argentinas", indicó.
La Cámara de Diputados convirtió hoy en ley el proyecto que establece como características principales el principio de legitimación amplia, es decir, que cualquier persona tiene derecho a solicitar y recibir del Estado información completa, adecuada, oportuna y veraz.
El Estado tendrá 15 días para proveer la información solicitada, con posibilidad de prorrogar -en determinadas circunstancias- el plazo por 15 días más una sola vez. En caso de no recibir respuesta en tiempo y forma, el solicitante podrá reclamar por vía administrativa y/o judicial.
La ley establece además la creación de un órgano de aplicación por cada poder del Estado con autarquía y con funcionarios elegidos en un procedimiento abierto público y participativo.
También prevé la creación de un Consejo Federal para la Transparencia que estará integrado por todas las provincias y desde el cual se podrá evaluar el funcionamiento de la aplicación de la ley y también sugerir modificaciones a la misma.
La iniciativa además introduce obligaciones de transparencia activa, a través de las cuales cada área del Estado se obliga a publicar de manera accesible, gratuita, actualizada y en formato procesable información sobre su nómina salarial, personal contratado, declaraciones juradas de funcionarios, ejecución de partidas presupuestarias y contrataciones entre otras cuestiones.
Esta norma constituye el instrumento jurídico que hace operativo el derecho al acceso a la información pública, marca sus alcances y límites, y reduce la discrecionalidad del Estado en el manejo de la información.
