En efecto, ayer alrededor de las 13 hs. y a partir de una orden emanada del Juzgado N° 6 de Paraná a cargo de la jueza Marina Barbagelata, comenzaron los allanamientos a las propiedades de los mencionados contadores y con la presencia de representantes de Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
Según el relato de una fuente judicial a DIARIOJUNIO, en el allanamiento de calle Asunción se secuestraron 11 computadoras y una importante cantidad de documentación, además de celulares.
En tanto, Julia Rivoira y Darío Mautone se encargaron de los otros dos domicilios allanados.
Según otra fuente de crédito, se produjo una situación inesperada ya que el edificio allanado de calles H Irigoyen y Corrientes, no pertence más a los contadores, sino al despachante de Aduana, Fernando Montoreano, cuya empresa FJM Logística, no tiene nada que ver en esta estafa. Lo único que relaciona a Montoreano con los profesionales es haberles alquilado esa propiedad, hace varios años.
Asimismo toda la documentación y elementos secuestrados quedaron en custodia de la división investigaciones de la policía local que, hoy serán remitidos al juzgado de Barbagelata.
Como se recordará, DIARIOJUNIO, en su primer informe sobre este fraude millonario dio cuenta del involucramiento de estos contadores, uno de los cuales, contábamos, cuando comenzó el escándalo millonario, recorría despachos oficiales en Paraná.
LAS RELACIONES CON BARRETO
Según las averiguaciones realizadas por DIARIOJUNIO con fuentes vinculadas a la causa, los allanamientos de ayer se produjeron luego que varios de los empresarios y comerciantes imputados, que declararon en los tribunales de Paraná, relacionaron a Darío Barreto, ex director de interior de la DGR, con este estudio contable.
Es que, cualquier persona informada en esta ciudad, sabe que Barreto venía todos los sábados a la mañana a trabajar en el mencionado estudio concordiense.
Los mencionados contadores representan a varias de las empresas implicadas en este fraude y, se nos aseguró que podrían estar mencionados como quienes ofrecían crédito fiscal al 70 % de su valor real.