De cualquier manera, Francolini sostuvo que las familias que ocupen viviendas como intrusos o mediante ventas clandestinas, durante 10 años son excluidos de los planes de viviendas del IAPV. Aunque sostuvo que no hay tantas ventas de viviendas sociales, como años anteriores, debido a que hay más controles. Además recordó que hace poco tiempo la Justicia paranaense condenó a tres años de prisión condicional a dos personas que vendían viviendas sociales en forma encubierta.
Más adelante, el titular del IAPV aclaró que cuando recuperan una vivienda intrusada o comercializada clandestinamente, la venden en forma legal una vez que termina el trámite judicial.
Asimismo, Francolini sostuvo que la policía debe custodiar las viviendas cuando llegan a un porcentaje determinado de la construcción. Hasta ese momento, con un sereno basta para cuidar las instalaciones. Y remarcó que debe ser la policía y no personal de una empresa de seguridad privada quien debe encargarse de la vigilancia.
Por otra parte, hasta la fecha la actual gestión entregó 780 viviendas. De ese total, Francolini estimó que 250 viviendas fueron destinadas a docentes distribuidas en toda la provincia.
