El nacimiento del gremio se produjo a raíz del cambio de propietarios de “El Guardián” que llevó la obligación de trabajar 200 horas mensuales a 216 por el mismo salario básico. El básico de un empleado de seguridad privada es de $ 1500 aunque en julio será elevado a $ 1850. Uno de los reclamos justamente es que salían de su trabajo a las 22 y debían retornar a las seis de la mañana del día siguiente para complementar las 216 horas que les exige la empresa.
A raíz de esa situación, surgió una inquietud de parte de algunos vigiladores que se sentían avasallados en sus derechos. “Empezamos a recorrer el ministerio de Trabajo de la Nación, el ministerio de la provincia y a los abogados laborales y ellos nos alentaron a la constitución de un nuevo sindicato”, explicó Soto.
El 22 de diciembre de 2009 hicieron una presentación en el ministerio de Trabajo de la Nación para obtener la personería jurídica como sindicato de primer grado. “Tenemos el número de expediente”, detalló. El gremio se denomina “Sindicato de Vigilancia y Seguridad Privada de la provincia de Entre Ríos” y, mediante asamblea, Soto fue elegido secretario general. Mediante una carta documento (de la cual Soto exhibió una copia) notificaron a “El Guardián” y a las otras empresa de la conformación del nuevo sindicato y quienes formaban parte del mismo. Incluso, llegaron a realizar algunos reclamos por carta documento.
Mientras que en el resto de las empresas no hubo cuestionamientos por esa situación, el 30 de junio a Soto le llegó el telegrama de despido sin causa. Soto cree que la razón es el haber formado el sindicato. “Son causas encubiertas y hay casos judiciales donde no tienen motivos para despedir pero es la justificación que ellos tienen internamente”, indicó. “¿Por qué sino me despiden? nunca tuve una suspensión, ni siquiera un llamado de apercibimiento”, se preguntó.
A pesar de que el sindicato no obtuvo aún la personería, Soto señaló que sus integrantes tienen la tutela sindical. “Hay varios casos de la Corte Suprema donde se han amparado esas tutelas sindicales. Por ley no me pueden despedir. O sea que lo que ellos quieren hacer es desconocer lo que estábamos haciendo, cosa que nosotros podemos demostrar que sí conocen lo que estábamos haciendo”, acotó. El abogado de Soto entabló una demanda en la Justicia para que le sea restituido el trabajo y el cargo que tenía al momento de ser despedido.
En cuanto a la situación de los trabajadores de seguridad, Soto explicó que se desempeñan en un contexto de suma precariedad debido a la ausencia de un gremio que los ampare. “Como puede ser que uno vaya y le diga que a uno lo están haciendo trabajar cada ocho horas y el sindicato no pueda responder. Las empresas se aprovechan”, indicó. Soto explicó que si bien existe un gremio a nivel nacional “no tiene fuerza ni responde realmente a los vigiladores”.
Además no se reconocen horas extras, vacaciones o fines de semana. “Las vacaciones las dan cuando a ellos se les ocurre y encima le descuentan”, acotó. En otros casos, los vigiladores deben viajar 30 kilómetros hasta su lugar de trabajo sin ningún adicional por traslado.
Por último, Soto ratificó que el sindicato va a seguir en pie –funciona en Laprida 863- debido a que los trabajadores no tienen ninguna entidad que los ampare. “Han echado a varios vigiladores y nadie ha respondido por ellos y ni han preguntado la causa. No les sirve a las empresas que haya sindicatos que puedan ayudar a las personas a sentirse personas y dignificar la tarea nuestra”, señaló Soto.
