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Tal vez es necesario recordarles a Chessini y Maya que Salto Grande surge de la visión de un estadista como el General Juan Perón, que soñó una región desarrollada y pujante a partir de este complejo binacional. Fue durante la última dictadura militar que se construyó, apuntando únicamente a la generación de energía y dejando de lado el desarrollo social. Así se desatendieron las demandas de la región y no se tuvo en cuenta la necesaria planificación de obras para mitigar los efectos negativos ni las obras complementarias dirigidas a los pueblos de la región.
Más adelante, en plena obra privatizadora, la región de Salto Grande se hizo fuerte y logró impulsar y promulgar la ley del Fondo Especial de Salto Grande, que no tiene nombre ni apellido, pero refleja claramente el esfuerzo, el sentido de pertenencia, la solidaridad y la unión de toda una región.
La ley nacional ratifica dos acuerdos previos entre la nación y las provincias mesopotámicas. Allí se establecen los criterios de inversión del Fondo Especial, rescatando los principios del acuerdo de 1946 entre Argentina y Uruguay, que también quedaron plasmados en la ley provincial.
Estos fondos se obtuvieron luego de una larga lucha por la reparación histórica de una región que carga sobre sus espaldas el impacto social, medioambiental y económico de una obra que permite la generación de energía para gran parte del país pero que implica importantes efectos negativos para la zona.
La CAFESG es un organismo que tiene suficientes mecanismos de control para garantizar la transparencia del uso de los recursos y cuenta con un directorio del que participa la oposición y en el que se debaten todas las decisiones de las obras que componen el plan de inversiones de CAFESG. Esta planificación es el fruto del trabajo en conjunto y la participación de las comunidades de la región del río Uruguay, a través de sus municipios, que los señores Maya y Chessini parecen ignorar.
Por otra parte cabe destacar que la ley de creación de los fondos de la CAFESG, Ley 9140 del año 1998, determina, en su artículo 6 que el mecanismo de contralor de las cuentas de las numerosas obras que realiza el organismo está en manos de una comisión legislativa bicameral, compuesta por tres diputados y tres senadores. Sus funciones consisten en controlar la aplicación de fondos. La misma ha anticipado públicamente que se reunirá en Febrero con las autoridades de CAFESG para acordar la realización de las acciones que consideren más convenientes para seguir cumpliendo con los objetivos planteados desde la creación de este organismo.
Hombres ajenos a la región, a la lucha inclaudicable de nuestras comunidades y enemigos de los intereses del pueblo de Salto Grande han pretendido despojar a la región de estos recursos, incorporando este fondo a las arcas generales, como lo intentó el ex gobernador Sergio Montiel, y privar a la zona de obras sumamente necesarias que la dictadura ignoró o desestimó, en perjuicio de miles de familias entrerrianas.
En lugar de destruir lo que funciona y beneficia a la región hay que agudizar el ingenio y el talento para crear nuevas fuentes de recursos para atender a regiones no afectadas por Salto Grande. Caso contrario, estas propuestas son afines a los intereses centralistas que han conspirado contra este fondo. En este sentido es necesario advertir que estamos dispuestos a movilizarnos contra todo lo que intente avasallar la historia, el desarrollo y el patrimonio de nuestra región.
Propuestas legislativas similares se plantearon sin éxito. Siempre se defendió al fondo y particularmente durante la actual gestión de Sergio Urribarri, conocedor de los problemas de la región y que presidió esa comisión durante los 4 años de gestión del gobierno de Jorge Busti.
Creemos que en el abordaje de esta cuestión por parte de Maya o Chessini puede existir alguna motivación ajena a los verdaderos intereses de la comunidad, o bien no disponen de información suficiente y manejan datos erróneos.
Juntos, actuando como un verdadero bloque regional, les hemos enseñado a los destructores a no meterse con Salto Grande y no dejaremos pasar un solo intento por minúsculo o insignificante que parezca ser, de tocar el Fondo Especial.
Por ello todos los Intendentes del departamento declaramos
1.- Rechazamos enérgicamente el proyecto de ley del senador provincial Chessini y repudiamos las grotescas e irracionales declaraciones de Maya.
2.- Ratificamos plenamente nuestra defensa de la CAFESG como una institución arraigada en nuestras comunidades al servicio del desarrollo y en la cual trabajan coordinadamente las distintas instituciones locales, sin la ingerencia perjudicial del centralismo
3.- Declaramos el estado de alerta y movilización de la región en defensa del Fondo Especial
4.- Convocamos a las demás intendencias y juntas de gobierno de la región a adherirse a esta declaración y manifestar su legítimo interés en el desarrollo de al región y la defensa de los derechos de nuestros pueblos.
FIRMAN…
Gustavo Bordet (aunque fue Mireya López Bernis quien participó de la reunión en su nombe), Fabian Cevey, Jaime Chorne, Domingo Galeano, Daniel Llados y Rubén Chaparro.
CHESSINI
Es necesario señalar que, aunque Chessini plantea “discutamos cuestiones de fondo”, se pierde en cuestiones que, aunque importantes, están alejadas del tema central que es otro tipo de distribución en el manejo de fondos. Así, dice “hemos escuchado hasta aquí una multiplicidad de voces, pero ningún argumento técnico y tampoco ninguna información de la Comisión Administradora relativa a qué cantidad de empleados permanentes y temporarios tiene, los dineros que maneja, cómo los usa y qué destino tienen”.
Chessini no tiene mejor idea que comparar estos fondos con los de la soja (proveniente de las retenciones a las que él se opuso), al decir “parece ser que varios no pueden entender aún el verdadero espíritu de mi proyecto. Acá no se trata de quitarle dinero a nadie, sino de aplicar nuevos criterios que garanticen una distribución más equitativa y que reflejen ese espíritu federal del que tanto nos jactamos los entrerrianos, porque con el mismo argumento los beneficios de las retenciones a la soja deberían favorecer sólo a Paraná, Victoria, Gualeguay y Gualeguaychú”.
Finalmente, el senador de Gualeguaychú les pidió que abandonen la actitud “de bicho bolita” que “ante el mínimo roce se enrosca y contrae, porque hubiera significado el mismo esfuerzo salir a los medios con un par de planillas Excel que transparente a todos los entrerrianos el accionar de esta comisión en la última década, ya que nos permitiría no sólo un diagnóstico de consensos sino, fundamentalmente evitar la sospecha de que nos encontramos frente a una verdadera caja de Pandora”.
