Tres son las posibilidades de base que podrían surgir cuando el máximo tribunal dé a conocer la posición respecto a la apelación presentada por el país: acepta o rechaza tratar el caso o bien pospone la decisión.
Si pospone su decisión, puede que solicite una opinión el Gobierno de Barack Obama, en este caso al procurador general de Estados Unidos, Donald Verrilli.
También podría suceder, en este mismo escenario, que devuelva el expediente a la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York, para que reformule la causa, y el debate quede como un tema estadual y no Federal.
Otra posibilidad es que no emita opinión alguna, lo cual retrasará la decisión final, de todos modos.
El calor del inminente inicio del verano en Washington, la celebración del Día del Padre -en sintonía con el festejo que se celebra en Argentina- y el clima futbolero que envuelve a la gente por el Mundial de Brasil, mantiene vacía las calles de la capital estadounidense en la jornada previa a que se conozca el veredicto.
La hipótesis de que la Corte Suprema de Justicia de EEUU pida al gobierno de Obama su opinión sobre la causa en la que Argentina enfrenta a los fondos buitre es la que cuenta con más consenso.
En la previa, se gestó en esta ciudad intenso lobby internacional que respaldó la posición argentina, donde participaron organismos como el FMI, organizaciones no gubernamentales, analistas, empresarios y -más discretamente- el gobierno de Obama y legisladores demócratas y republicanos.
Estos últimos, de manera más discreta, a través de reuniones mantenidas con la delegación parlamentaria argentina multipartidaria que visitó Washington, dieron mayor visibilidad a la posición del país cuando quedan horas para que se conozca la decisión.
En ese marco, los políticos en Washington se quedaron con la impresión de que en este tema existe una "política de Estado" que será abordada de manera similar por el gobierno que surja de las elecciones del próximo año.
Al lobby se sumó una reunión de último momento del directorio del FMI realizada el viernes, donde se analizó un nuevo documento que será público en breve, que advierte de una amenaza sistémica de los fondos buitre, si prevalecen con su interpretación del "pari pasu" (tratamiento igualitario), en el causa contra la Argentina.
Esta idea de que se pospondría la decisión, giró las expectativas de que se abriría un "tiempo" para eventuales negociaciones con los fondos buitre, que no necesariamente implicarían que la Argentina cambie de parecer, de pagarle más qeu al resto, sino que puede haber variantes, donde se involucre el sector privado.
Todo esto surge en momentos donde Estados Unidos y sus empresarios demostraron pragmatismo, al interesarse en nuevos aires en las relaciones comerciales y bilaterales con Argentina, en especial por el potencial energético que significa el yacimiento neuquino de Vaca Muerta.
También la esta posibilidad es la que cuenta con mayor consenso en los informes dados a conocer en los últimos días por bancos de inversión y especialistas internacionales, entre lo que se encuenran Credit Suisse, Barclays, y otros inversores.
La próxima fecha clave para los inversores es el 30 de junio la Argentina deberá pagar 907 millones de dólares, y el pago en tiempo y forma dependerá del a decisión, debido a que nadie descarta ninguna hipótesis de antemano, incluso el rechazo de la Corte a tratar el caso.
Sin embargo, "el mercado está colocando sólo una muy pequeña probabilidad de que la Suprema Corte rechazará el caso y una probabilidad mucho mayor de que se le pedirá a la Fiscalía General que se pronuncie", asegura Marco Santamaría, especialista que también es parte del "Exchange Bondholders Group", grupo de inversores del canje que presentó ante la Corte Suprema un expediente paralelo en el que pidió garantías constitucionales y protección a la propiedad privada para los compromisos surgidos en el proceso de reestructuración.
Por su parte, Jose Maria Barrionuevo, analista de Wall Street escribió en el Financial Times que "una decisión del Tribunal Supremo adversa a Argentina no sólo tirará por la borda su reestructuración y la de Grecia; sino que eliminaría la posibilidad a muchos otros países pobres de darles una oportunidad histórica para hacer frente a la deuda de enormes proporciones de una manera sostenible y volver a la senda del crecimiento".
Barrionuevo, de StormHarbour Partners, fue director de Barclays Capital, donde trabajó en la reestructuración de la deuda de Argentina en 2005.
Por último, la presidenta Cristina Fernandez de Kirchner participó hoy de un encuentro de países de G77 más China, en Santa Cruz de la Sierra, donde los países expresaron su respaldo a la posición argentina y el rechazo a la amenaza financiera mundial de los fondos buitre.
