El caso llegó a juicio oral después de más de seis años de investigación, y tras el inició de las audiencias tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella particular solicitaron penas superiores a los tres años de prisión –lo que conllevaría a que sean efectivas si se resuelve condenarlos–, así como también se impute por falso testimonio a otros cinco funcionarios policiales que declararon como testigos esta semana; uno de ellos médico de la institución en la jurisdicción de Diamante. El pedido derivó de la ronda de testimonios, donde tres de estos funcionarios terminaron presos en la Alcaidía de Tribunales apenas finalizaron su declaración.
Luego de una severa crítica a los niveles de preparación de la Policía de Entre Ríos, la acusadora solicitó que el comisario Roldán y el oficial Aguilar la pena de 3 años y 4 meses de prisión efectiva, en tanto para el oficial Gabriel, 3 años y 8 meses de cárcel.
Por su parte, la querella fue mas severa en la petición, ya que aspira a encarcelar al oficial Gabriel –a quien consideran el autor de los golpes– a cinco años de cárcel, mientras que para Roldán y Aguilar pidió 4 años de encierro por omisión, ya que dijeron desconocer lo que había ocurrido con el detenido y con sus subordinados en todo momento.
Los abogados defensores de Roldán y Aguilar, Marcos Rodríguez Allende y Walter Rollandelli, solicitaron la absolución de sus representados aduciendo que en ningún momento sus clientes participaron de los vejámenes denunciados. Como prueba dijeron que el ex jefe Departamental se encontraba cenando en el momento del hecho en el casino de oficiales y que si bien fue informado de la detención, desconoció lo que había ocurrido convencido que estaba todo bajo control de sus subordinados, tras lo cual se retiró a descansar. De la misma manera se planteó el caso de Aguilar, quien –se dijo– estaba atento a otras cuestiones y en ningún momento participó del procedimiento de detención y puesta a disposición del detenido.
El debate dejó un tendal de acusaciones contra testigos por supuesta falsedad surgidas de las diferencias entre las versiones de la etapa de instrucción y las vertidas en el plenario. Por este motivo, tres policías, de apellidos Kholler, García y Fernández, trataron de cubrir a su camarada acusado señalando que las lesiones de Altuna habían sido producto de una gresca callejera. También se solicitó que se investigue por posible falso testimonio a los funcionarios Maldonado, Gómez y Cáceres. Este último se desempeñaba como médico de la Policía de Diamante y, según se sospecha desde la acusación, las dos veces que habría afirmado haber visto a Altuna luego de su detención no habría podido ser corroboradas, siendo desmentido por el denunciante.
En último término, al hacer uso de la palabra el representante legal del oficial Gabriel, Aldo Gerossa, en su alegato cuestionó “ciertos garantismos” y se sumó a las críticas de la mala disposición orgánica de una jefatura como la de Diamante, al tratar de justificar una cierta “falta de experiencia de algunos oficiales”.
Finalmente aludió a cuestiones técnicas de la carátula en la que constan las acusaciones contra su cliente, por lo que solicitó, al igual que los otros abogados respecto de sus pupilos en particular, la absolución de su representado, dejando reserva de un planteo de inconstitucionalidad.
Tras una serie de réplicas entre fiscalía, querella y uno de los defensores, se dio la oportunidad de hablar a los imputados. Roldán manifestó que luego de haber sido jefe de Diamante, la superioridad le otorgó responsabilidades como la Dirección de Investigaciones, la de Toxicología y la Dirección de Seguridad Vial, tras lo cual se retiró como comisario General. En el caso de Aguilar, se mostró dolido por su situación, ya que al estar en situación pasiva cobra solo el 50% de su salario real, lo que le ha provocado graves inconvenientes en su situación familiar.
La resolución del juez Correccional Malatesta será dada a conocer el próximo lunes 25 de abril.
Altuna denunció en 2004 que luego de ser trasladado a la Jefatura de Diamante lo esposaron y lo dejaron en el piso, en el patio del edificio, donde mientras lo insultaban, uno de los uniformados, al que identificó como el oficial Dardo Rubén Gabriel, le aplicó un puntapié en el rostro, a la altura de la boca, lo que le provocó graves lesiones en la mandíbula y piezas dentarias. Además señaló que tuvo que permanecer 24 horas preso, sin que se le asistiera debidamente como insulino dependiente, lo que provocó que corriera peligro su vida
Fuente: Uno
