El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, dijo que la Oficina Anticorrupción y Ética Pública tiene un período de sobrevida relativamente corto, y que éste estará dado por los plazos que el Gobierno se tome para disponer su fusión con otro organismo, la Dirección de Sumarios. Y que la tarea que hasta hoy desarrolla la Anticorrupción –que en los últimos meses no sólo perdió a su titular, Luis Pedemonte, que se presentó a un concurso para cubrir un cargo en la Justicia, sino a otros tres profesionales—bien podría ser asumido por el Ministerio Público Fiscal, que depende del Poder Judicial.
“Lo que digo es que hay que redefinir la función de la Oficina Anticorrupción en el marco de lo que estableció la reforma de la Constitución. Ahora, es el Ministerio Público Fiscal el encargado de llevar adelante la acción penal en hechos de corrupción. Y la ubicación lógica de esa tarea no es el Poder Ejecutivo ni el Legislativo, sino el Poder Judicial. Y dentro del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal”, aseguró Rodríguez Signes.
En realidad, la Oficina Anticorrupción entró en un período de muerte por inanición: el organismo, según se quejan los empleados del área, ha sido relegado y casi no desarrolla ninguna actividad. Por eso, en los últimos meses empleados procuraron plantear su preocupación al fiscal de Estado que, hasta ahora, aseguran, no los ha recibido.
Más aún: la sede que ocupaba hasta ahora, en Rivadavia y Falucho, ha sido ocupada por la Dirección de Sumarios. De acuerdo a lo que informa un cable de la Agencia Periodística Federal, ahora la Anticorrupción busca un lugar donde instalarse, en un radio no mayor de 3 cuadras alrededor de la Casa de Gobierno. La Fiscalía de Estado lanzó un cotejo de precios para alquilar un inmueble para ubicar al organismo de lucha contra la corrupción.
El fiscal de Estado opina que la tarea que viene desarrollando desde su creación la Oficina Anticorrupción es de resorte exclusivo del Poder Judicial, así que no hay razón para su continuidad con esa misión. “La ubicación constitucional de la investigación de los hechos de corrupción es en el Poder Judicial. Esto no quiere decir que la Oficina Anticorrupción haya desaparecido. Sigue existiendo, no ha sido derogada, aunque es cierto que tiene tres personas menos, uno de ellos el director”, dijo.
“Estoy pensando que hay que fusionar la Dirección de Sumarios con la Oficina Anticorrupción (ambos organismos dependientes de la Fiscalía de Estado). En definitiva, la Dirección de Sumarios hace la instrucción sumaria, ¿y qué es la instrucción sumaria? Es una investigación. Ya hay una oficina que investiga, que es Sumarios. Una vez que termina la instrucción, se decide si se dispara una acción penal, si hay delito, o una sanción administrativa, con sumario. O una acción civil, si hay daño y perjuicio a la provincia, para intentar resarcir el daño”, señala.
—¿Cuál es la ventaja de esa fusión?
—Creo que, en definitiva, la Dirección de Sumarios y la Oficina Anticorrupción juntas, fusionadas, llevan a un fortalecimiento del trabajo, y de paso se les da más presupuesto. Mercedes Daneri, la directora de Sumarios, es una abogada independiente, que no tiene que ver con el Gobierno, y que desarrolla muy bien su tarea.
—¿Cuánto personal le queda a la Anticorrupción?
—En estos momentos deben ser no más de diez personas.
—¿Y cómo se van a investigar los hechos de corrupción?
—En materia de delitos contra la Administración Pública, nuestra función no es querellar, sino investigar. Y cuando el tema tiene fundamento para ser llevado a la Justicia, se lo denuncia ante el Ministerio Público Fiscal, y es el Ministerio el que tiene la titularidad de la acción penal. Pero esto por ahora es una opinión personal.
—No se ha conocido mucha información sobre la actuación de la Anticorrupción en esta gestión.
—No ha habido causas. La última que llegó como denuncia de un funcionario fue la que hizo (el titular de la Tarjeta Sidecreer, Juan José) Canosa, que planteó que las tarjetas de los planes sociales habían sido irregularmente otorgados. Eso está en investigación, pero después no hemos tenido hechos que importen ilícitos penales.
Un organismo creado por Busti
Habían pasado apenas tres jornadas de la Nochebuena de 2003 cundo el entonces gobernador Jorge Busti dio a conocer el texto del decreto Nº 150 por el cual creó a la Oficina Anticorrupción y Etica Pública, que suplantó a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), creada por su antecesor, el radical Sergio Montiel. Ese decreto, en su artículo 1º, modificó el decreto Nº 202, del año 2000, “suprimiendo la estructura y las actividades, alcances y competencias que estableció con respecto a la Oficina de Auditorias e Investigaciones Especiales”. En reemplazo, se creó, en el artículo 2º, la Oficina Anticorrupción y Etica Pública que tendrá como tarea esencial “la de velar por la prevención e investigación de todas las conductas comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción dentro del ámbito de la administración pública provincial centralizada y descentralizada, entes autárquicos, empresas del Estado, sociedades con participación estatal y todo ente público o privado con participación estatal y todo ente público o privado, con participación estatal o que tenga como fuente de recursos el aporte del Estado”.
El artículo 4º delegó en la Oficina Anticorrupción “amplias facultades” para efectuar auditorías, de carácter jurídico y contable, verificaciones, informes, encuadre normativo y conclusiones”, tareas que, aclaraba la norma, serían encomendadas por “el fiscal de Estado y/o el Poder Ejecutivo”. Ya la reforma de la Constitución la ignoró. No la mención: en cambio, sí creó la Fiscalía Anticorrupción, aunque fuera de la Fiscalía de Estado, y con dependencia directa del Ministerio Público fiscal.
Fuente: El Diario
