De cara a ese encuentro, el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, señaló: “Cada día que pasa nos acercamos al vencimiento del plazo que tenemos para contestar la demanda y una vez que la contestemos, la Corte Suprema de Justicia empezará a sustanciar el juicio”.
Igualmente, adelantó: “Mañana voy a hacer el planteo de que la idea sería un acuerdo político para frenar la demanda jurídica. Esto se expresa en una medida que es que suspendamos los plazos procesales. No le pedimos al gobierno de Buenos Aires que desista, pero sí que se suspendan los plazos hasta tanto se expida la comisión bicameral de reforma del sistema tributario”.
Situación provincial
“Son 3500 millones de pesos el impacto estimado para este año, pero además lo plantean retroactivamente”, explicó el fiscal de Estado, por lo cual consideró que plantear una disminución de más de 17 millones de pesos para Entre Ríos “es absolutamente inviable. Pondría a la provincia en una situación límite, de inviabilidad absoluta, y en una crisis no solo fiscal sino también social”.
En ese sentido apuntó: “No por estas razones pero en el 2001 las provincias se quedaron sin recursos para pagar remuneraciones y ahí comenzó la crisis. En Entre Ríos, en julio de 2001, pero en otras provincias por ahí hubo emisión de bonos y fue un caos total. Creo que nadie quiere volver a esa situación, pero la demanda vista fríamente y crudamente nos coloca en ese tipo de situación”.
En este contexto, Rodríguez Signes puntualizó: “La 23.548, Ley madre de Coparticipación Federal, que empezó a regir el 1 de enero de 1988 establecía una coparticipación del 52 por ciento para las provincias, el 44 por ciento para la Nación, un fondo de recupero para las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz y Neuquén, y el uno por ciento para los ATN. Ese es el reparto que las provincias argentinas y el Estado nacional pactaron en 1988 y si esa ley se cumpliera estrictamente, Entre Ríos tendría hoy un presupuesto superavitario, tendría más recursos de lo que gasta”.
“En 1992 se firmaron los famosos Pactos Fiscales de detracción del 15 por ciento de la Coparticipación. Después se firmó también una modificación al Impuesto a las Ganancias, se sacó el 10 por ciento para el Fondo del Conurbano y el 20 por ciento para la Anses del Impuesto a las Ganancias. Luego se modificó la Ley de IVA y también se procedió de la misma forma. Posteriormente, se generó el impuesto al Cheque o a los créditos y débitos bancarios, y después las retenciones, aunque no se coparticipan —detalló—. En el esquema madre de la Ley 23.548 de 1988 a la actualidad, las provincias hemos perdido 20 puntos de Coparticipación. Este planteo de Buenos Aires nos va a obligar a plantear la inconstitucionalidad de todas estas afectaciones y detracciones”.
El rol de la comisión bicameral
El fiscal de Estado dijo que desde la provincia se plantea que “el año pasado se firmó un convenio para la devolución progresiva del 15 por ciento, pero se pactó que las provincias iban a sancionar un nuevo régimen tributario y de coparticipación; y se creó por el artículo 77 de la Ley 27.260 que ratificó el último Pacto Fiscal, una comisión bicameral para la reforma tributaria”.
“Esa comisión tiene un plazo para expedirse que todavía no venció y toda la discusión tributaria tiene que pasar por ahí, no por la Corte Suprema, porque si vamos a dirimir los conflictos en la Corte Suprema esto no tiene ningún sentido”, apuntó.
Sobre el Foro de Fiscales
Rodríguez Signes afirmó que, en el marco de la demanda planteada por Buenos Aires, está “tratando de revertir la situación” con los elementos con que cuenta. “El Foro de Fiscales sirve para expresar esto, para decir hasta acá estamos”, aseveró. En ese contexto se ubica el acuerdo político que planteará a sus pares.
