El procurador general del Distrito de Columbia, Karl Racine, y el fiscal general de Maryland, Brian Frosh, hicieron el anuncio en una conferencia de prensa conjunta en Washington, confirmando que la demanda fue presentada en un tribunal federal en Maryland. Ambos citaron contratos de arrendamiento, propiedades y otras "implicaciones" de Trump en todo el mundo como la razón de la demanda. Consideraron que esto plantea un conflicto de interés, de acuerdo con una cláusula constitucional sobre emolumentos. Esa disposición impide que el presidente y otros empleados del gobierno acepten regalos y pagos del extranjero sin la aprobación del Congreso.
"El conflicto de interés del presidente amenaza nuestra democracia", afirmó Frosh. "No podemos tratar las actuales violaciones constitucionales del presidente e ignorar los derechos del pueblo estadounidense como si fueran el nuevo status quo aceptable". Frosh afirmó que el imperio económico de Trump está involucrado en una serie de "enredos de negocios". Agregó que el asunto no tiene precedentes y que el pueblo "debe cuestionar día tras día si las acciones del presidente son para beneficiar a Estados Unidos o al él mismo".
Racine, por su parte, dijo que aunque el mandatario se comprometió a separar su trabajo en la presidencia y sus muchos negocios y propiedades, pero "él se ha alejado de esa promesa". "Tenemos un deber de cumplir con la ley y eso es lo que estamos haciendo hoy", agregó.
Parte de la demanda sostiene que Trump eligió "mantener la posesión de su compañía" cuando llegó a la presidencia. El empresario aduce que està trasladando sus activos a un fideicomiso administrado por sus hijos a fin de eliminar los evidente conflictos de interés. Pero no queda claro qué tan avanzado esté ese proceso, ni si cumple con las exigencias constitucionales. En otros países, se exige que el presidente constituya un "fideicomiso ciego" ("blind trust"), del que desconoce por completo su administración mientras está al frente del gobierno.
La Casa Blanca no hizo comentarios. Sin embargo, acerca de una demanda similar sobre el tema de su remuneración, el presidente dijo anteriormente que fue algo "sin mérito, totalmente sin mérito". Si un juez federal admitee la demanda, Racine y Frosh adelantaron que exigirán copias de las declaraciones de impuestos de Trump y otra información financiera para medir el alcance de sus negocios en el extranjero.
Inmigración: revés judicial
El bloqueo judicial al veto migratorio de Donald Trump fue ratificado ayer por otro tribunal, que rechazó la apelación del gobierno. La corte de apelación de Seattle fue la segunda en ratificar un dictamen inferior para frenar la entrada en vigor de la orden ejecutiva de Trump que impide el ingreso al país de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana. El tribunal reconoció la autoridad del presidente para decidir sobre política migratoria, pero señaló que "la inmigración, incluso para el presidente, no es un asunto unipersonal" y apuntó que Trump "excedió el alcance de la autoridad que le fue delegada por el Congreso".
