El anuncio de la venta del Fokker fue informado la semana pasada por el propio Busti, cuando el mandatario decidió aceptar la oferta de 700 mil dólares propuesta por el brigadier Alberto Filipine, quien se había entrevistado con Busti el 5 de agosto a fin de avalar esta operación. Aquella vez se había dicho que el avión se sumaría a la flota de Líneas Aéreas del Estado (LADE), pero ahora se cambió el concepto: la Fuerza Aérea Argentina tiene la intención de contar con la aeronave para poder “extraerle repuestos” para usar en sus aeronaves.
El Tango 03 era un avión Fokker de 65 plazas, comprado por el Estado nacional en 1977, en buen estado, con el 20 por ciento de las horas de vuelo esperables para este tipo de máquinas, según se dijo en esos días de mediados de 2000. El 5 de junio el gobierno provincial, liderado por Sergio Montiel, decidió formalmente comprar el Fokker F-28 a la Presidencia de la Nación.
Montiel en persona acordó con el secretario privado del Presidente, Fernando De la Rúa, un monto de 2.500.000 dólares. No hubo un planteo desde la Nación, sino que, directamente, Montiel hizo la oferta, como gran conocedor del negocio aeronáutico. El hermano del primer mandatario nacional, Jorge E. De la Rúa, secretario general de la Presidencia, fue quien comunicó la aceptación de la venta del avión que alguna vez Carlos Menem donó al gobierno de Bolivia, pero la máquina nunca llegó a los vecinos. La forma de pago con el gobierno entrerriano se convino del modo siguiente: 1.250.000 dólares a la entrega de la aeronave (el 15 de agosto) y un mismo monto cuando se otorgó la totalidad de la documentación, que representaba la transferencia definitiva del dominio de la máquina. «La compra del avión -hecha sobre la base de 2,5 millones de dólares- nos va a costar menos que la mitad del costo del avión verdadero, y además tenemos el propósito de pagarlo a plazo con trabajo, no con dinero en efectivo, aunque inicialmente tengamos que aportar algo del tesoro de la provincia», dijo Montiel en esos días.
Según el expediente de la operación, los fundamentos para la adquisición de la aeronave fueron expuestos por los interventores montielistas, Héctor Brutti y Horacio Navarret. “Con la incorporación de la mencionada aeronave se debe disminuir considerablemente el déficit mensual de la empresa, en atención al hecho de que, por tratarse de una máquina propia, no se erogarán alquileres”, señalaban, vaticinando un futuro de buenos augurios que nunca se pudieron ver. Los interventores –en su explicación- indicaron además que el avión estaba en “excelentes condiciones”, con 13.000 horas de vuelo –lo que constituía el 10 por ciento de las horas previstas- y que después de la revisión técnica necesaria iba a quedar habilitada “para la realización de vuelos durante los próximos años, sin adicionar monto alguno”. Se determinó que la fuente de financiamiento de la operación serían los fondos del Fondo de Inversiones de la provincia (Finver) y la negociación se hizo en forma directa. La provincia canceló la compra del 100 por ciento del precio en un plazo de 60 días, efectuando para ese fin adelantos de Tesorería al Finver, que no contaba con los fondos a esa fecha de la operación y que estaba autorizado a concretar operaciones de crédito público. Tales operaciones se realizaron en el Ejercicio siguiente, de acuerdo a las constancias. Nunca pasaron por el Contador General de la provincia, Diego Valiero, ahora ministro de Economía de Jorge Busti.
El dictamen pericial -a requerimiento del Ttribunal de Cuentas, que hizo una pormenrizada investigación del caso, para determinar el verdadero monto de la aeronave- fue realizado por el ingeniero aeronáutico Arturo Manuel Cassano, con la colaboración del perito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Rubén Miguel Cafaro. Los especialistas indicaron que “hubo sobreprecio” e hicieron especial hincapié en el estado del avión al momento de su compra, lo que al momento de las negociaciones puede hacer subir o bajar el precio de la máquina. Resaltaron que el Fokker F-28 estuvo fuera de servicio durante “un año y medio” y que no es “importante” que haya tenido un total de 13.000 horas de vuelo “sino que esté al día con las inspecciones programadas y los SB (boletines de servicio) cumplidos, cuestión que no ocurrió y nadie lo hizo notar; es decir, se compró un F-28 fuera de servicio”. Y acotaron: “cualquier avión vencido en algún tipo de intervención mayor o recorrida general, conlleva una reducción considerable en su precio de venta, asunto que se ignoró completamente. (…) Es inaceptable que no se haya verificado ni informado que el F28 estaba fuera de servicio, con boletines sin cumplir, que estaba sin volar hacía varios meses (desde marzo de 1999), que tenía configuración VIP (ejecutiva) y no de pasajeros”, por lo cual hubo que colocarle los 65 asientos. Tal informe llevó a la conclusión de la abogada del Tribunal de Cuentas, Laura Sucksdorf, de que “en el mercado, en la misma época, se podía adquirir un avión igual (o muy similar) por un precio promedio de 1.000.000 de dólares (época de paridad cambiaria), pero en servicio”. A ello, previamente, se había sumado un oficio de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Fuerza Aérea Argentina, firmada por el jefe del Departamento de Inspección de Justicia, comodoro Osvaldo Jorge García. Después de una serie de consideraciones realizadas por el militar, sobre los factores que inciden al momento de determinar el precio de la aeronave, concluyó manifestando que “no es posible indicar a priori un valor exacto”, pero que, no obstante, se podía “estimar un valor aproximado, sólo referencial”.
Más adelante, el comodoro García indicó: “Teniendo en cuenta las tareas de mantenimiento necesarias para realizadas para retornar el avión al servicio, en condiciones aeronavegables, se puede estimar un valor de la aeronave, para el inicio de una negociación, en un piso que arranca entre los 600.000/700.000 dólares, hasta un máximo de 900.000/1.000.000 dólares”.
Pero también quedo claro para los auditores del TdC que en los expedientes de la operación “no surge la existencia de estudios técnicos que permitan determinar la conveniencia económica” de la incorporación del Fokker a LAER y se consideró “sin sustento el argumento” según el cual la compra de tal máquina iba a hacer disminuir el déficit de la empresa estatal. Tampoco se visualizaron “análisis de costos de operación del avión y determinación de su rentabilidad en la explotación de las distintas rutas previstas y, sobre todo, la de Paraná-Buenos Aires, considerada la más importante para la empresa”. No se tuvo en cuenta el hecho de que aviones Fokker de este tipo “no es utilizado en el país por ninguna aerolínea comercial” en virtud de los altos costos de mantenimiento. Únicamente lo tiene Presidencia de la Nación, Fuerza Aérea Argentina, Armada Argentina y la firma American Falcon, que lo utiliza para vuelos charter. El informe enviado por la Fuerza Aérea fue contundente, pero nadie lo averiguó. “Respecto del potencial disponible (horas disponibles), cualquiera sea el programa de mantenimiento vigente, en general incrementa el valor de la aeronave de forma considerable. Este incremento en su valor puede en algunos casos superar varias veces la inversión realizada en mantenimiento mayor”, indicó el comodoro García.
El informe de Sucksdorf fue elevado a los fiscales el 19 de mayo, quienes aún tienen que determinar si la responsabilidad civil y penal únicamente comprendía al ex mandatario o también a cada uno de los integrantes de la cúpula de LAER en el año 2000, para exigir la devolución de 1.500.000 dólares pagados en concepto de sobreprecio por el avión, previo juicio.
