La cláusula 22º del contrato suscripto en 2005 entre la Provincia y la entidad financiera, contemplaba un plazo de cinco años contados a partir de que el Grupo Eskenazi tomara el control del banco, dentro de los cual el Estado podía adquirir el 18% de las acciones de la empresa.
El artículo en cuestión reza textualmente: “El Agente Financiero se obliga a otorgar a la Provincia, previa resolución de la Asamblea de Accionistas del Nuevo Banco de Santa Fe SA y durante 5 años contados a partir de haber fenecido el año desde la toma de posesión del NBERSA, previsto en el Pliego de Bases y Condiciones, en la oferta efectuada por el adjudicatario del Nbersa y en el Contrato de Compra-Venta de Acciones que el Nuevo Banco de Santa Fe SA suscribiera, la opción de compra del Dieciocho por Ciento (18%) de las Acciones Ordinarias de su titularidad en el Nbersa, sujeta a la previa y expresa autorización del Banco Central De La República Argentina”.
Sobre esta base, el último informe de la Uocaf remitido a la Legislatura provincial, en la página 22, notificó a diputados y senadores que “teniendo en cuenta que la toma de posesión del Nbersa se produjo en septiembre de 2005, el plazo para ejercer dicha opción vencería el 2/01/2011”, es decir, el domingo pasado.
Sin embargo, el titular de la Unidad de control fue cauto con sus propias proyecciones. “Es una interpretación del contrato. Todavía no hay fecha de vencimiento. Estamos esperando una interpretación del área legal de Economía, para ver qué pasa con esa cláusula”, apuntó Giampaolo.
El informe, en la misma foja, da más precisiones del valor que hubiera tenido la operación. “El 18% de las acciones ordinarias de titularidad en el Nbersa, corresponde a 30.960.000 acciones ordinarias, por un valor contable total al 30 de junio de
2010 de $73.335.780, según surge de la aplicación del porcentaje mencionado sobre el Patrimonio Neto de $ 407.421.000, consignado en los estado contables a dicha fecha”, detalla.
El Estado, pese a no ser accionista, tiene un representante en el directorio de la entidad financiera. Desde septiembre de 2005, esa responsabilidad recae sobre Eduardo Aispuru. La entrada como socio, no iba a implicar la ampliación de esa representación. La última participación activa que tuvo el Estado en la empresa fue, en rigor, en la firma antecesora: el Banco de Entre Ríos SA. En diciembre de 2001, el Gobierno del radical Sergio Montiel vendió el remanente de acciones que el Gobierno mantenía desde la privatización de la entidad en 1995.
En la última reforma de la Constitución, fue incluida una cláusula que obliga al Estado a crear su propia herramienta financiera. El artículo 74 prescribe:
“El Estado creará un Banco de la Provincia para contribuir al desarrollo de sus sectores productivos y canalizar el ahorro público y privado, por medio de una política crediticia que aumente el potencial económico de la Provincia y de sus habitantes, con sentido de justicia social.
Será banco oficial y agente financiero del Estado, en la medida que su desarrollo lo permita y podrá serlo de los municipios que lo requieran. La Ley fijará su carta orgánica, garantizando en sus órganos directivos la participación democrática de los sectores de la producción, de los sectores sociales y de sus trabajadores.
El Estado será siempre el accionista mayoritario, sin perjuicio de la participación privada en la formación del capital. En ningún caso se podrá disponer la privatización de sus acciones”
En noviembre del 2009, el Gobierno provincial hizo conocer sus intenciones de crear una banca provincial de fomento. Incluso el gobernador Sergio Urribarri mantuvo contactos con el entonces presidente del Central, Martín Redrado a fin de interiorizarse sobre los procesos. No hubo después nuevos anuncios. (Fuente: APF.Digital)
