Mientras el sistema sanitario de la ciudad comienza a verse en dificultades (ayer había 49 personas internadas y el porcentaje de ocupación de camas era del 90 % para pacientes moderados y del 78 % en terapia intensiva en el Masvernat), los jóvenes siguen participando en fiestas clandestinas. “Realmente lo de las fiestas clandestinas y las aglomeraciones de personas está siendo el principal foco de contagio”, dijo Juan Domingo Gallo, concejal del Frente de Todos. “El gran problema en esta segunda ola son las aglomeraciones”, acotó.
¿Cómo se las frena? El municipio puso en marcha la Coordinación de Operativos Conjuntos de Inspecciones Municipales (COCIM) para que controle la ciudad. Lucia Leguizamón, titular de la repartición, indicó que lo que hacen, al detectar una juntada clandestina, es documentar mediante videos las actuaciones. Y se encuentran con reacciones negativas. En algunos casos, los acusan de llegar de mal modo y atropellando. “En realidad no es así. Nosotros entendemos la situación de cada uno. Tratamos de hablar bien, pero pidiéndoles que disuelvan la reunión, la fiesta, y labrando el acta que corresponde”, señaló.
En algunos casos, optan por cerrar las puertas. “Nos cierran la puerta en la cara y no salen, no salen y no salen”, dijo Leguizamón. No obstante, las multas se aplican de igual modo al propietario de la vivienda. En otras ocasiones, los insultan y les lanzan objetos como piedras o botellas desde el interior. “Siempre terminamos llamando al móvil policial y a veces tampoco alcanza porque también agreden a los policías”, dijo la responsable del Cocim. Las agresiones se producen tanto en los barrios como en las zonas céntricas. En el centro, los blancos de las agresiones son los inspectores; en los barrios la policía.
Eso no es todo: también reciben amenazadas y son acosados. “Últimamente hemos tenido muchos problemas”, dijo Leguizamón. Hay que recordar que la semana pasada, un desconocido hizo varios disparos de arma de fuego contra el frente de una vivienda en boulevard San Lorenzo, entre Colon y Bolivia. Uno de los habitantes de la vivienda había sido amenazado por desactivar fiestas clandestinas y hacer cumplir las restricciones en el marco de la pandemia. “Las actuaciones se han vuelto muy agresivas, cada vez peor. Nosotros entendemos el cansancio de todos, pero nosotros también estamos saturados de esto porque venimos hace más de un año. Hacemos lo que tenemos que hacer: velar por el cumplimiento de las normas y los decretos”, reiteró Leguizamón.
Barboza sostuvo que la gente que es multada se presenta en el Juzgado de Faltas y abona las actas. Pero el fin de la misma no es ser un instrumento recaudatorio sino crear conciencia. “Hay muchos que son reiterativos”, explicó. “Pagan y vuelven a infringir las normas de nuevo”, añadió. “Encontramos, en todas las fiestas, en distintas propiedades y quintas, a las mismas personas, los mismos organizadores y los mismos disc-jockeys”, recalcó Leguizamón.
Un capítulo aparte son las fiestas que se organizan fuera del ejido municipal. Los organizadores buscan lugares alejados donde el municipio no tiene competencia legal para intervenir. “Eso es un problema y también se los dijimos al intendente. Hay que buscar la forma de trabajar con los presidentes de las Juntas y los intendentes para tratar de unificar. Pero son municipios que son muy chiquitos y no cuentan con todo el personal que deberían tener”, señaló el concejal Gallo.
En la reunión de ayer se discutieron varias alternativas para endurecer las normas existentes. El secretario de Gobierno de la municipalidad, Fernando Barboza, indicó que las normas actuales establecen penas para las fiestas clandestinas de 20 a 200 juristas hasta 70 personas y de 21 juristas hasta 400 cuando superen las 70 personas. “La idea es llevarlas a montos que superen el millón de pesos para ver si, de una vez por todas, podemos controlar esto y que las personas que están violando los decretos paguen por esta situación que se viene dando”, dijo.
“La idea es ir subiendo las sanciones: a más personas, mayor sanción. Y que sean ejemplificadoras, que sean severas, porque el daño que causan es tremendo”, recalcó Gallo.
Leguizamón coincide en que, de ahora en más, la gente lo deberá pensar mejor. Indicó que se deberá pensar también de que manera aplicar la multa. “Ya sea con embargos o lo que sea porque si no, no serviría”, indicó.
Pero hay otras alternativas: Una de ellas es el decomiso de los bienes de quienes cometen esos hechos. La otra es otorgar penas consistentes en trabajo comunitario. “Se plantearon varias alternativas. Todo eso se va a dar en un debate, seguramente, en el Concejo Deliberante. Se van a plantear otras posibilidades para que, más allá de la parte económica, tengan otro tipo de condena”, remarcó Barboza.
“Eso lo estuvimos charlando, pero el tema es la aplicación. Una cosa es decirlo y otra es aplicarlo. Cuando vamos, estamos solos y, hasta que llega el móvil de la policía, si les decimos que les vamos a decomisar las cosas no salimos vivos”, dijo, un poco en tono de broma, Leguizamón. Y añadió: “Va a ser muy difícil aplicarlo, para ello deberían trabajar en conjunto con la Policía de Entre Ríos y la Justicia Federal.»
Ayer trascendió que el municipio de Río Tercero, provincia de Córdoba, resolvió aplicar el Código de Faltas local e imponer la realización de trabajos comunitarios a quienes participen de eventos clandestinos durante la pandemia. Lo que se pretende es “prevenir y concientizar sobre la necesidad de la responsabilidad social ante un contexto sanitario complicado”; en este caso a través de “medidas ejemplificadoras, disuasivas y de escarmiento”, explicó el intendente de la localidad cordobesa, Marcos Ferrer, quien recurrió para ello a la normativa vigente en el municipio desde 2007, según publicó el diario Página 12.
¿Hay alguna posibilidad de que se apliquen trabajos comunitarios en Concordia? “Todavía no lo planteamos con los concejales pero, sin dudas, al aplicarse en otros municipios va a ser un tema que seguramente se va a proponer y se va a estudiar si existe en nuestra norma la regulación del mismo para adecuarlo a la idiosincrasia de la ciudad”, indicó Gallo.
Mientras tanto, las fiestas continúan y, paradójicamente, las personas que participan ya no están exentas de sufrir consecuencias graves por el contagio de Covid 19 debido a la circulación de nuevas cepas. “Es una cepa mucho más peligrosa que la anterior”, remarcó Gallo.
«El año pasado, eran adultos mayores quienes ingresaban a las terapias. Hoy bajó la edad promedio. Tenemos muchas personas jóvenes internadas en el hospital”, dijo Barboza.
Y, en algunos casos, fallecimientos como los de las hermanas Aldana y Marina Güida, de 21 y 30 años, respectivamente. “Lamentables fallecimientos. Es una pena grande”, añadió el funcionario municipal. “Vi el video esta mañana del ex esposo de una de ellas lamentando la pérdida y es tremendo. Creo que gran parte de la población subestima la situación, a pesar de que todos tenemos un familiar, un conocido o alguien cercano que ha padecido las consecuencias severas del virus o ha perdido la vida”, acotó Gallo.
Informe: Guillermo Coduri
