En diálogo con Aim, Bolzán adelantó que “aún no está resuelto el dictamen, pero lo que si debo destacar es que se realizarán modificaciones sustanciales, sobre todo el lo que se refiere al control y a la fiscalización de la operatoria para garantizar que el proyecto se concrete según lo propuesto”.
El legislador recordó que la semana pasada se reunió con los trabajadores para dialogar sobre sus preocupaciones respecto a los aportes del Fonavi, que serán garantía de las obligaciones, “es decir, desde los costos operativos hasta los sueldos de los trabajadores”, y detalló que los planteos de los empleados se refieren a los fondos a partir de los cuales se plantea el funcionamiento del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (Iapv)”.
Sin embargo aclaró que “el problema versa sobre la garantía del fideicomiso, es decir, sobre el cumplimento de las obligaciones por parte de la provincia y de la coparticipación”.
Bolzán aseguró que los legisladores comparten el criterio del gobierno “en cuanto a la necesidad de construir viviendas para la población”, pero advirtió que critican “la conveniencia o no de determinados sistemas. En particular, nos preguntamos si quien gobierna y está asfixiado políticamente en lo nacional y provincial, está legitimado para aplicar determinadas políticas. Nos abocamos a proteger -con sugerencias constructivas- los intereses de los entrerrianos”.
Bloque radical, voto en contra
El diputado Oscar Cardozo (UCR, Federal), adelantó que su bloque votará en contra de la iniciativa. “Si bien lo terminaremos de definir mañana (por el martes) de acuerdo a los datos que estamos manejando, votaremos en contra”.
El legislador federalense detalló que la semana pasada, integrantes del bloque de la Unión Cívica Radical se reunió con profesionales del Iapv y aclaró que “la preocupación y la razón de nuestra oposición, es porque este fideicomiso dejará comprometida a la provincia por muchos años”.
Cardozo advirtió que el fideicomiso “determina que la plata que se recibirá del Anses para este fin dejará endeudada a la provincia durante 25 años, y además la tasa (con que deberá devolver el préstamo) es muy alta, casi del 15 por ciento”.
El diputado explicó “suena raro que en lugar que el Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi) envíe a la provincia el dinero para la construcción de las 300 mil unidades anunciadas en 2005, de las cuales falta construir casi el 50 por ciento, sea el Anses el que ahora prestará el dinero. Es una cuestión bastante rara cuando estamos pidiendo que la nación devuelva a la provincia los recursos que nos está sacando desde hace muchos años. En síntesis, es aceptar la desaparición de lo que era el Fonavi, que distribuía dinero a las provincias para la construcción de casas”.
Además señaló que “la tasa es elevadísima ya que se aproxima al 15 por ciento, y se debe devolver en 15 años, cuando Estado financiará a los adjudicatarios en 25. Además cedemos el cobro y los recursos del Iapv y de la coparticipación, es decir, la provincia queda comprometida por muchos años, lo que es verdaderamente insólito”.
Encuentro Amplio tampoco acompaña
La semana pasada, la diputada Ana D´Ángelo (Encuentro Amplio, Paraná) confirmó su voto en contra “porque implica un endeudamiento muy importante para la provincia, que se garantizará con la coparticipación y fondos del Fonavi y además el Iapv quedará comprometido por mucho tiempo”.
Asimismo, sostuvo que “son créditos a los que podrá acceder muy poca gente porque, si bien se denominan viviendas de interés social, sólo serán para un sector acomodado, con un sueldo superior a los 2.000 pesos”.
Sostuvo que “es un proyecto del Ejecutivo que está en tratamiento desde el año pasado y que tuvo varias modificaciones, pero ahora hay un apuro por tratarlo” y recordó que “el gobernador (Sergio) Urribarri llamó a los diputados oficialistas para pedirles que lo traten lo antes posible, al igual que el proyecto de exploración de hidrocarburos, que también es un crédito de la Nación para realizar exploraciones en búsqueda de gas y petróleo en la zona de Viale y Villaguay, además de la ley de Ministerios”.
En voz baja
Una fuente inobjetable de la Cámara baja confió a AIM que “los legisladores saben que los créditos serán sólo para el sector con ingresos superiores a 2.000 pesos, a pesar que se los anuncia como viviendas de interés social. Por otro lado, opinan que no se construirán las unidades planificadas pero si se ejecutarán los montos, lo que les hace sospechar que los mayores costos harán que la plata desaparezca. Además, los intereses a pagar serán muy elevados, y la provincia quedará endeudada por este crédito durante varios años”.
Lo que los diputados pretenden es la creación de una comisión Bicameral para el seguimiento del proceso licitatorio y de adjudicación, “por lo menos para meter un pie adentro y monitorear qué hará el gobierno”.
La misma fuente reveló que en la reunión que mantuvieron los diputados con Urribarri le pidieron “que asegurara que no vetaría la incorporación del artículo donde se pide la creación de la comisión Bicameral, porque les parece fundamental no sólo para la licitación sino también para la adjudicación de las obras”.
La iniciativa
El proyecto de ley autoriza al poder Ejecutivo a concretar operaciones de crédito público por hasta 397.980.000 pesos mediante la participación en fideicomisos financieros u otras operaciones de crédito, directas o indirectas, con el objeto de financiar la construcción de viviendas comprendidas en la Propuesta de Reconversión del Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas.
