El Ejecutivo insistirá hoy con una nueva versión de su fideicomiso con el Banco Nación a través de un nuevo proyecto de ley . El texto, al que accedió RecintoNet, propone la modificación de un artículo de la Ley Nº 9.941, y la fijación de criterios sobre la política de cobro, “todo en relación a la búsqueda de solución a la situación de los deudores agropecuarios de la Provincia con el Banco de la Nación Argentina.” según dice el proyecto, al que accedió Recintonet.
La ley, sancionada en diciembre de 2009, introdujo importantes modificaciones en el esquema previsto por la Carta de Intención celebrada el 24 de julio de 2008, entre el Gobierno de la Provincia y el Banco a partir de un acuerdo en el que confluyeron los legisladores y también la dirigencia agropecuaria. En ese acuerdo quedaron selladas la constitución de la bicameral, la reducción de la nómina de beneficiarios y la exigencia de un patrimonio para responder ante el crédito como la constancia de que el beneficiario realmente se dedicara a la explotación agropecuaria.
Ahora, y tras el rechazo del banco a esa ley, el Ejecutivo advierte que “el esquema que plantea el artículo 6º de la Ley no es de cartera, sino un esquema de análisis individual de cada caso, fruto de lo cual, y a priori sobre la base de los análisis efectuados, existen productores que no reúnen todas las condiciones ya señaladas. Vale considerar que con un solo caso que no reúna las condiciones establecidas, toda la operatoria (de cesión de cartera) se ve imposibilitada”. El Banco en tanto, reclama al gobierno que reconozca toda la certera de morosos, sin importar el origen de la deuda.
“Se entiende que con la modificación propuesta, se estaría instalando una salida intermedia entre el esquema actual de la Ley Nº 9.941 y el previsto oportunamente en la Carta de Intención” dice textualmente el nuevo proyecto.
La iniciativa otorga a la bicameral que integran el senador Oscar Arletazz (PJ_Colón) y el diputado Hugo Berthet (PF) más los representantes de Producción y Economía, la facultad de exigir al productor deudor “garantías reales suficientes y/o fianza o garantía de la asociación que los nuclee, cooperativa y/o terceros, y toda la documentación que considere necesaria a fin de establecer y demostrar que la actividad que realiza o realizaba al momento del crédito, tenía relación con la producción agropecuaria. Simultáneamente deberá solicitar un Plan de Trabajo donde el productor demuestre la capacidad de pago de la deuda exigida”.
Y, añade: “En los casos en los cuales no se puedan acreditar los extremos anteriores, la comisión podrá dictaminar incorporando el crédito al Fideicomiso; en cuyo caso la provincia, a través de los organismos pertinentes, procederá al cobro de las acreencias en forma inmediata y por los importes totales que deriven del mutuo existente, más todos los accesorios y gastos que correspondan”.
El artículo segundo, en tanto, faculta al Poder Ejecutivo a establecer la política de cobro para el recupero de los créditos incorporados al Fideicomiso Financiero, para lo cual podrán establecerse diferentes opciones o alternativas de pago, y/o aplicar distintas tasas de interés, atendiendo al momento y/o plazo en que se realice la cancelación del crédito.
“La política de cobro que se establezca tenderá a que el recupero de los créditos no se realice por valores inferiores a aquel por el cual se incorpora el crédito al Fideicomiso salvo que, agotadas todas las instancias se demuestre la imposibilidad de cobro. Asimismo el tope para el recupero estará dado por el monto originalmente adeudado con más sus actualizaciones, intereses, gastos y honorarios” propone ahora el Ejecutivo.
