ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA Y ACOSO EN EL MUNDO DEL TRABAJO
La Ley 27.580 fue sancionada el 11 de noviembre pasado en el Congreso, y colocó a la Argentina como el tercer país del mundo en adherirse al convenio en contra de la violencia y acoso en el mundo del trabajo.
En rigor, entrará en vigencia en junio de 2021, y alcanza a trabajadores y trabajadoras, cualquiera sea su situación contractual.
El convenio reconoce que las mujeres son las más expuestas a la violencia y al acoso laboral, en particular, quienes se encuentran en situaciones más vulnerables, realizan tareas nocturnas o son migrantes.
La norma abarca también las acciones que se desarrollen no sólo en el ámbito de trabajo en el lugar físico, sino también las comunicaciones profesionales, en particular las que tienen lugar mediante tecnologías de la información y la comunicación.
El texto completo del Convenio:
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
PROMULGACION DE LEY YOLANDA DE CAPACITACION AMBIENTAL.
Asi mismo, el Presidente Alberto Fernández promulgó hoy la Ley 27.592, «Ley Yolanda»
La ley Yolanda establece que todos los empleados y empleadas de la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, deben recibir una capacitación obligatoria en materia ambiental.
La Ley Yolanda supone una capacitación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y énfasis en cambio climático. Algunos de los ejes que incluye son economía circular y gestión de los residuos sólidos urbanos, problemas ambientales, bienes naturales y biodiversidad, eficiencia energética, derecho ambiental e impacto ambiental en las políticas públicas.
Se llama “Ley Yolanda” en conmemoración a Yolanda Ortiz, primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Argentina y de América Latina, designada durante el gobierno de Juan Domingo Perón en 1973.
Está ley es necesaria porque reafirma el carácter transversal del ambiente, al reconocer su incidencia en todos los niveles de la función pública, subrayando la necesidad de que los tres poderes del Estado nacional diseñen, evalúen e implementen políticas públicas con perspectiva ambiental. Es una apuesta por la construcción de un modelo de desarrollo sostenible y de un nuevo contrato social de ciudadanía responsable.
