El vocal de la Sala Primera de la Cámara Primera Penal, Felipe Celli, se refirió a los futuros cambios a realizarse en la Constitución provincial y afirmó que el Poder Judicial de la provincia “tiene que democratizarse de una vez por todas. Tiene que dejar de ser una monarquía para pasar a ser un poder de pares, tiene que dejar de haber súbditos que cumplen órdenes”. Además, consideró que “hay que fortalecer o crear un organismo de control de la corrupción que debe estar a cargo de la oposición, que sea una suerte de poder con autonomía y autarquía financiera para que no esté condicionado por ningún gobierno de turno y pueda desempeñar este rol tan importante que en su momento cumplió el Tribunal de Cuentas”. En ese marco, agregó que “hoy la provincia carece de estos organismos”.
Dos nuevos hechos se dieron a conocer hoy que pasan a engrosar la extensa lista de justificativos que tiene Celli o cualquier otro ciudadano de la provincia para poner en tela de juicio la independencia y, en consecuencia, la credibilidad del poder judicial en la provincia.
Información negada
La Dirección General de Personal de la provincia notificó este martes que negaba la información solicitada por el periodista de Análisis digital, Juan Cruz Varela, quien había invocado el Decreto Número 1.169/05 -que regula el acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo de Entre Ríos- para obtener una copia del legajo del médico Hugo Mario Moyano, quien se desempeña como jefe de Clínica del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital San Martín de Paraná, y que se encuentra imputado por la comisión de delitos de lesa humanidad.
El 11 de abril pasado, el periodista acudió a la Dirección de Personal de la Secretaría de Salud y a la Dirección General de Personal de la provincia, donde presentó sendos escritos solicitando una copia del legajo de Hugo Mario Moyano, “quien se desempeña en la actualidad como médico en el cargo de Jefe de Clínica en el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital San Martín”, en el marco de una investigación periodística, según consignó en las notas.
Moyano es uno de los 13 imputados en esa causa, por haberse desempeñado como agente civil del Servicio Penitenciario durante la dictadura. El profesional fue mencionado por detenidos políticos como uno de los médicos que los revisaba durante y después de las sesiones de tortura.
Agotados los 10 días hábiles que fija el Decreto Número 1.169/05 para que todo funcionario responda a un pedido de información, desde el gobierno le contestaron con el silencio. Tampoco recibió solicitud de prórroga alguna, pese a que el decreto permite que las autoridades, ante casos excepcionales, dispongan de un plazo mayor para responder.
La indiferencia oficial provocó que Varela formulara una denuncia ante la Oficina Anticorrupción y Ética Pública, con el patrocinio del abogado Marcelo Baridón y por incumplimiento del Decreto Número 1.169/05, conforme lo establece esa norma en su artículo 18.
La novedad fue que el “14 de junio” (sic) se le informó que la información le había sido negada por estar incursa en las excepciones previstas en el Decreto Número 1.169/05.
Aquí no ha pasado nada
Tal informara este medio, hasta el momento no hay ningún imputado en la causa iniciada por supuestas coimas en el puesto caminero de Bella Vista de la ruta nacional 14. El hecho fue denunciado con lujo de detalles por el diario Clarín y representó un escándalo internacional pues, los principales “coimeados” eran brasileros. En la investigación periodística participó también el diario Zero Hora de Porto Alegre Brasil.
La causa está en manos de la jueza María Cristina Calveyra, una funcionaria cuestionada por haber dejado prescribir causas y por su temerosidad a la hora de confrontar con el poder.
Según consigno DIARIOJUNIO, la jueza mencionada es vista en su ciudad como una más de los tantos jueces entrerrianos que, cuando una causa es pesada, se excusa, pide licencia o manifiesta amistad. Incluso, se nos recordó que dejó prescribir la causa contra el ex Intendente Bermúdez (ya fallecido) del partido justicialista. Además de ser criticada por su actuación en la causa de Flavia Schiavo, una investigación que parecía rozar a sectores de poder.
