En diálogo con el programa A quien corresponda (Radio Del Plata Paraná) Rovira explicó que la causa que se intenta desarchivar “está derivada del modo de conversión de los bonos”. En ese sentido recordó que “se actuaba en fraude contra los comerciantes que recibían los bonos y se favorecía a otros por la Caja de Conversión. Era un movimiento de dinero que podía detectar las fuentes de comercialización de los bonos por funcionarios públicos en algunas reparticiones del Estado provincial al 100 por ciento”.
“El mecanismo que se descubrió es que comerciantes que recibían los bonos uno a uno y que les iban a ser canjeados por el BERSA al momento de su presentación y luego se remitirían a la Caja de Conversión. Pero el organismo provincial los recibía y establecía plazos sin vencimiento para el canje a través del BERSA, que en algunos casos pasaban los 90 días. En cambio, otros comercios recibían de inmediato los bonos por parte de la Caja de Conversión, de modo que había un movimiento totalmente arbitrario. También tuvimos conocimiento de que en el IAFAS (Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social) se cambiaban uno a uno los bonos que los funcionarios recibían por el pago de sus sueldos”, detalló Rovira.
Además, el ex titular de la FIA remarcó que “el beneficio que se obtenía no lo pudimos establecer porque no tuvimos los medios para recorrer la provincia y además, nos llevo mucho tiempo determinar la intervención que le cupo al BERSA, que actuaba en combinación con los funcionarios que manejaban los bonos”.
Por ello, destacó que “está bien que esta causa se active ahora, aunque parece relacionada con la campaña electoral. Lo que habría que investigar son las facultades de un fiscal de primera instancia para provocar el archivo de una denuncia antes de que llegue a un juzgado con competencia para resolver o encausar una investigación”, y agregó que “la justicia penal está organizada de tal manera que la investigación de los delitos está en manos de funcionarios de tercera categoría, como son los fiscales de primera instancia, o de algunos jueces de instrucción complacientes”.
Reforma del Código de Procedimiento Penal de la provincia
En ese marco, destacó las reformas que se proponen al Código de Procedimiento Penal de la provincia, al afirmar que “el agente fiscal en la justicia penal es una pieza clave, como lo es hoy el juez de Instrucción y debería serlo el juez de Garantías. Creo que un sistema penal con agentes fiscales con facultades suficientes, personal idóneo y especializado conformado por personas con formación jurídica y vocación para realizar investigaciones con el respeto de las garantías es indispensable en este país. Pero dudo que todo esto que debería constituir la formación de una Policía Judicial se convertirá en un mero cambio de nombres. Actualmente, el 90 por ciento de los fiscales no está capacitado para realizar esa tarea, el 90 por ciento de los fiscales de Entre Ríos no sirve para nada”, espetó Rovira.
La postulación de Castrillón, las demoras del caso Yedro y la independencia del Poder Judicial
Por otra parte, al ser consultado sobre las respuestas que dio el diputado Emilio Castrillón (PJ-La Paz) en su audiencia pública por acceder al Superior Tribunal de Justicia, y las críticas que hizo a cada uno de sus impugnantes, Rovira manifestó que “esas personas a las que criticó, son las mismas con las que el señor Castrillón estuvo permanentemente transando desde que está en la función pública, especialmente con los funcionarios del Tribunal de Cuentas. Su carrera política en parte fue favorecida por estas buenas relaciones que tuvo con quien hoy critica”.
En ese sentido, se refirió al llamativo retraso que ha tenido el tratamiento del recurso de casación interpuesto por el condenado ex senador Mario Yedro (PJ-Concordia) ante el Superior Tribunal de Justicia. “Eso no me sorprende, lo que no comprendo es el juego, es decir, si la suerte de Yedro ya está echada y se está esperando a que termine de organizar sus papeles, o todavía existe una esperanza de que Yedro zafe de una condena penal”, ironizó Rovira quien comparó la situación con lo que sucede con el ex funcionario bustista Oscar Mori y el intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi.
Por último, el ex titular de la FIA remarcó que “la independencia no se trata de que el Poder Judicial o los que mandan en el Superior Tribunal de Justicia sean sumisos o dependientes del Poder Ejecutivo, sino que es un continuo intercambio de influencias, de poderes, de transas, de conversaciones, de compromisos, de prestaciones recíprocas, que hacen a ese equilibrio mafioso que gobierna la provincia. En eso compartimos el planteo que hace Castrillón respecto de la familia judicial en el sentido siciliano, la diferencia es que él se sirve de eso y piensa formar parte de ella, y yo lo combato”, concluyó.
