Mauricio Pérez, abogado del actual presidente de la Junta de Gobierno, Hugo Rivarola, aclaró que Kisler y Proto “continúan siendo imputados, pero los elementos aportados no dan la seguridad de que cometieron el delito, por lo cual no fueron procesados, sino que se dictó la falta de mérito”. Pérez agregó que los imputados “ofrecieron facturas que según ellos certificarían que hicieron los pagos”.
Kisler y Proto fueron detenidos el jueves 22 de septiembre y permanecieron alojados en la Jefatura Departamental de Policía durante los 10 días que el juez tuvo de plazo para resolver su situación procesal.
La causa se originó con una denuncia de Rivarola. A fines de 2003 la Junta recibió el dinero para destinar a la construcción de 15 viviendas, pero al momento de producirse el cambio de gestión no fue rendido mediante la documentación de compra de materiales y pago de mano de obra, según las afirmaciones de los denunciantes. Tampoco se habría informado sobre el destino efectivo que tuvieron esos fondos, ya que las obras no evidenciaban avances.
Los ex funcionarios no contestaron las cartas documento mediante las que Rivarola les solicitó las rendiciones, por lo que éste decidió radicar la denuncia penal, que derivó en el enjuiciamiento con carátula de peculado –requerida por el fiscal Eduardo Mondragón– y las posteriores detenciones.
En las próximas semanas la Justicia local se abocará al examen de las pruebas, la requisitoria de presentación de testigos y otros trámites relacionados con la investigación.
Los ex funcionarios radicales estuvieron en sus cargos desde diciembre de 1999 hasta los primeros días de enero de 2004, y habían sido designados por decreto del entonces gobernador Sergio Montiel.
