En primer lugar, Fabre expresó: “el futuro de la fábrica de medicamentos esta al margen de la denuncia penal que se efectuó la oficina anticorrupción y que se debe resolver en el ámbito judicial”. Además, aseguró que “la voluntad política cuando asumió el gobierno provincial fue darle continuidad a la fábrica de medicamentos”.
No obstante, a renglón seguido, señaló que los organismos de contralor como Fiscalía de Estado, Contaduría y el Tribunal de Cuentas son las reparticiones: “que nos tienen que avalar en la continuidad del mismo”.
Fabre siguió argumentando en esa línea: “cuando nosotros asumimos el gobierno nos encontramos con toda esta documentación que fue remitida a los organismos de contralor y que ya se han expedido”.
“Nos encontramos con una situación, que siendo sinceros, es muy difícil de resolver. Pero al margen de las decisiones políticas hay cuestiones administrativas insoslayables, que uno no puede dejar de resolver”, explicó.
Respecto de la denuncia que involucra al ex coordinador general de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) Carlos Aranguren, y al ex director del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver) Elio Demartini. “Estamos viendo desde la administración provincial, como defendemos la suma de $500.000, que pagó la gestión anterior por la compra de equipamiento de 1 millón de pesos”.
