La suspensión resuelta por el Juez debe mantenerse en pie hasta que el HCD resuelva los recursos de apelación presentadas por las familias o levante la suspensión de la licitación aludida. El fallo, además, conmina a que el Ejecutivo y el Concejo Deliberante comuniquen la resolución para “llevar seguridad y tranquilidad a todos los vecinos de Federación”.
El Juez respondió así al amparo presentado por las 60 familias que habían decidido acudir al llamado del intendente Manuel Abreu, quien en abril de 2004 decidió sortear 30 lotes para la construcción de viviendas. Se presentaron cerca de 100 familias, pero el Ejecutivo decidió admitir a 40 familias, excluyendo al resto sin dar explicaciones.
Los núcleos familiares marginados decidieron acudir al Concejo Deliberante, que admitió los recursos de apelación y resolvió que el Ejecutivo no debía adjudicar los terrenos cautelarmente, hasta tanto el Concejo no estudie una a una las ofertas realizadas por las familias.
Sin embargo, Abreu siguió adelante, vetó la resolución del Concejo y sacó el llamado a licitación al día siguiente. En consecuencia, las familias acudieron a los abogados Iván Dri y Alejandro Giorgio para que interpongan un recurso de amparo.
El Dr. Ivan Dri, patrocinante del amparista Osvaldo Silvestri, explicó que “el Ejecutivo se opuso a una decisión del Concejo Deliberante, en una cuestión contenciosa administrativa. Esto significa que hay personas que sostienen que fueron mal excluidas de la licitación y por decreto se las dejó afuera. Tanto en la Constitución de la Provincia como en el Superior Tribunal de Justicia, se entiende que en cuestiones Contenciosas Administrativas la resuelve como órgano de apelación el Concejo Deliberante”, explicó.
El letrado remarcó que “esto es así y no se discute, es como negar que uno más uno es dos. Justamente el Ejecutivo discutió eso diciendo lo contrario. Desoyó la Resolución 307. Eso es lo grave, entonces obligó a quienes se sintieron afectados recurrir a la Justicia pidiendo se cumpla con lo establecido por el Concejo”.
Dri agregó que “no se pidió que los incorpore en las listas de preadjudicatarios, sino que se cumpla con la resolución 307 que establece se les envíe la documentación de cada caso recurrido para ser estudiado, nada más”. Los abogados simplemente defienden el derecho de las familias a que se les explique porqué se las excluyó.
Como reflexión el Dr. Ivan Dri expresó: “hay que respetar los carriles del estado de derecho, si el Ejecutivo no estaba de acuerdo tenían varias cosas para hacer, como por ejemplo plantear el conflicto de poderes, pero nunca desobedecer, no desoír, máxime cuando te lo está pidiendo una orden superior como es en este caso el Concejo Deliberante, es un órgano de control”.
El Departamento Ejecutivo apeló hoy la resolución del juez Marfil. El caso será resuelto por el Superior Tribunal de Justicia en los próximos días.
