Agencia Federal de Estímulo y Promoción Agropecuaria (AFEPA), es el nombre del ente que tendrá como rol la defensa del valor de los granos de los pequeños productores. La única diferencia con el viejo organismo, es que no acopiará granos para luego venderlos.
AFEPA tendría competencia sobre el “control” de la operatoria de las personas físicas y jurídicas que intervengan en el comercio y la industrialización de ganados, carnes, productos y subproductos, así como granos, legumbres, oleaginosas, sus productos y subproductos, además de aves y lácteos, según se puede leer en el artículo 3º del proyecto.
Al respecto, el diputado Pablo Orsolini afirmó que “el Ministerio de Agricultura y el Poder Ejecutivo seguirían teniendo la facultad de fijar las políticas para el sector. Pero los productores, y el resto de los actores podríamos tener la previsibilidad que hoy no tenemos”.
Un dato importante es que contará con un presidente y vice, que estarían nombrados por el Gobierno nacional, y estarían acompañados por un directorio conformado por integrantes de la Mesa de Enlace, de las bolsas de cereales, las cámaras frigoríficas, las usinas lácteas y representantes de los consumidores. Además, publicaría datos estadísticos y aseguraría en precampaña un precio mínimo y sostén.
Trabajo. El proyecto surgió tras casi seis meses de debate a puertas cerradas, a las que fueron invitados los principales referentes del sector granario para que aporten todo tipo de ideas en la creación de dicho organismo.
Uno de esos encuentros fue con la misma Bolsa de Cereales de Rosario (BCR), algo que “molestó a Cargill, ya que ellos no quieren que haya una instancia que tenga que ver con un control del mercado granario por el contrario lo quiere totalmente libre para hacer lo que se les antoje, pero en el libre comercio no hay transparencia”, sostuvo Omar Barchetta, vicepresidente primero de la Federación Agraria.
“Para los pequeños y medianos productores la solución a los problemas actuales no pasa por dejar que el mercado se autorregule”, puntualizó Barchetta.
Al respecto, Cristian Amuchástegui, presidente de la BCR, aclaró que “las juntas nacionales a nivel mundial han perdido vigencia porque el comercio no se hace de gobierno a gobierno”, pero “el marco regulador que el Estado debe tener sobre el comercio de granos es lo lógico para cualquier país civilizado tanto en granos como en otras actividades”.
El diputado Ricardo Buryaile de la UCR y ex vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), manifestó:?“Yo no quiero organismos burocráticos que terminan creando una superestructura”.
Diferencias. En distintas oportunidades el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, se mostró a favor de la “intervención activa del Estado en los mercados de productos agroindustriales, garantizando precios justos al productor y alimento a la población”. Esta definición tiene que ver con la necesidad de ir avanzando en una “junta nacional de productores o una mesa nacional”, que garantice la seguridad alimentaria del mercado interno y genere las condiciones de competitividad al mundo. Ya en su momento Hugo Luis Biolcati, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), advirtió que “nacionalizar” la comercialización de granos equivaldría a poner en marcha un instrumento como la resolución 125, consigna BAE.
