El proyecto que por el momento tiene la aprobación de la Cámara de Diputados, ni remotamente lesiona la Constitución ni la Convención Americana de Derechos Humanos. Muy por el contrario, su legitimidad hinca en lo dispuesto por el artículo 42 de la Constitución Nacional cuando deslegitima las prácticas monopólicas y además, preservando derechos de usuarios y consumidores, establece un deber de proveer información veraz y adecuada.
La normativa en examen sólo comporta poner en igualdad de condiciones en el acceso al consumo del insumo principal que es el papel de diarios a todos los medios periodísticos. El “acceso” es la palabra clave en toda ingeniería de Derechos Humanos. La desposesión es lo que debe ser conjurado mediante las palancas sociales que ponen en conexión la necesidad –en este caso el insumo de papel– con la satisfacción social de esa necesidad.
La aplicación del artículo 32 y la normativa de la Convención Americana de Derechos Humanos buscan tutelar una prensa sin censura ni actos de coerción que lleven a una eventual autocensura. De ninguna manera comportan un aval a prácticas monopolistas que tienen mayor inserción en las prácticas empresarias y no en la tutela constitucional de la libertad de opinión y de prensa. Ningún medio va a ser cerrado por esta ley. Por el contrario, favorecerá la subsistencia y multiplicación de los pequeños medios de prensa, hasta aquí asfixiados por el monopolio.
Tal como lo ha afirmado Clarín en manifestaciones propias, el control del papel implica control de la información. Por ello, como en toda la historia social, la apropiación del saber y de la circulación del saber es un instrumento de poder. Ese instrumento ahora va a ser democratizado, favoreciendo en condiciones de igualdad económica la multiplicidad de voces y de opiniones.
Así como la Ley de Medios no ha implicado afectación alguna a la actividad de los medios, tampoco esta ley ejercerá coerción alguna sobre la actividad de los grupos empresarios. Simplemente que se desmonta un monopolio y esto debe ser saludado por toda conciencia democrática. Lamento que los intereses económicos lleven a esta nueva distorsión del deber de informar en forma veraz y adecuada.
El gobierno argentino ha tomado la antorcha –que en los mitos griegos simbolizaba el saber–, para quitársela a los dioses (los monopolios) y entregarla al pueblo. Nadie se va a quemar; esto es para iluminar.
