Por Federico Malvasio, de la Redacción de Cronista Digital
La pelea, en términos mediáticos, entre el presidente Néstor Kirchner y la Cámara Nacional de Casación Penal en este último tiempo por las causas de violación de los derechos humanos en la última dictadura militar, no es una cuestión personal del jefe de Estado, ni algo vinculado a su gobierno. El caso de la Causa Paraná, que se encuentra en el Juzgado Federal de esta ciudad, y la forma en que se fueron dando los hechos, son una muestra más de la lentitud de la Justicia y la lógica de operar por parte del cuerpo de Justicia a nivel nacional. Y por otra parte pone a contramano la hipótesis de que el Poder Judicial esté avasallado por la política. Al menos, este no es el caso para tal conjetura.
La causa «Señor Fiscal General solicita desarchivo de causas», llamada Causa Paraná, reúne todas las pruebas y testimonios recabados acerca de delitos de lesa humanidad en Entre Ríos. Con la declaración de inconstitucional de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final ese expediente recobró sentido luego de estar archivado por varios años, los que duró la vigencia de las leyes de impunidad.
Pese al nuevo escenario, la causa en el Juzgado Federal de Paraná sufrió una serie de traspiés que indican que «efectivamente hay cuestiones que no son casuales». Ante cada paso del proceso, la defensa de los imputados (ex militares y civiles) apela a la Cámara de Casación, y esta abona a la lógica de dilatar los tiempos. Es así que desde mediados de 2004 a la fecha el expediente se ha visto envuelto en meras cuestiones procesales pero nada se ha avanzado respecto de la producción de pruebas, citación a testimoniales o pedidos de detención.
Un ejemplo concreto pone en evidencia el modo con que la Cámara de Casación se maneja en la materia.
«La Cámara de Casación Penal fijó el 31 de mayo la primera fecha de audiencia oral que va ser el 6 de julio, pero resulta que la notificación nos llegó recién el 4 de julio», cuenta Marina Barbagelata, una de las querellantes, para afirmar: «Ahí te das cuenta cómo se están manejando en términos de tiempo».
Y prosigue: «Nosotros fuimos ese día, y cuando llegamos nos tuvieron dando vueltas para luego de unas horas suspenderla». «La suspendieron porque fuimos; si no hubiésemos ido, seguramente nos hubiesen dicho que si se hizo, pero nosotros no estábamos. Se suspendió porque estábamos ahí», agrega Marcelo Baridón, que junto con Gamal Taleb y Barbagelata, son los abogados que representan a una veintena de querellantes.
Posteriormente, esa audiencia fue postergada para el 13 de julio, pero el 11 es suspendida a pedido de la defensa de Juan Carlos Trimarco, ex gobernador de facto de Entre Ríos y responsable del II Cuerpo de Ejército, a la vez unos de los principales imputado de la causa.
«Hay que recordar que esta Cámara es la última puerta que va dejando la derecha que garantiza impunidad en todo un proceso histórico», evaluó Baridón.
En un informe elaborado por los letrados se hace una cronología de los hechos tal como se fueron sucediendo. De la lectura del texto surgen demoras injustificadas en las notificaciones y suspensión de actos procesales y causa valedera, sugiriendo connivencia entre la defensa de los represores.
Una vez dado un formato formal, según adelantaron a Cronista Digital, será entregado a la diputada nacional Diana Conti, integrante del Consejo de la Magistratura. El escrito será un aporte más para el pedido de remoción que propicia el Gobierno nacional, luego de que familiares y damnificados de víctimas de delitos de lesa humanidad durante el gobierno de facto pidieran la suspensión y destitución de los camaristas Alfredo Bisordi, Gustavo Hornos, Ana María Capolupo y Eduardo Riggi por supuesto mal desempeño de sus funciones en las investigaciones por crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el Cuerpo I del Ejército y sobre el denominado «Plan Cóndor», que, basados en el transcurso del tiempo, conceden excarcelaciones a los imputados. «Lo que se busca es ganar tiempo para esperar un posible gobierno o firmar un nuevo pacto de impunidad», sostuvo Taleb en referencia a la estrategia, y agregó: «Acá, lo que se busca, en definitiva, es que los imputados se mueran sin ser juzgados».
Es así que los querellantes de las víctimas en la capital provincial tienen la firme convicción que el pedido del Presidente es legítimo, y por eso ven oportuno hacer llegar al Consejo de la Magistratura lo ocurrido con la causa que patrocinan.
A modo de anécdota, para afirmar los intereses que representan los actuales camaristas que integran el cuerpo judicial, Barbagelata trae a colación un hecho que fue integrado como prueba en la denuncia de los familiares de víctimas ante el Consejo de la Magistratura. Resulta que la Cámara habría firmado un convenio con la Fuerza Armada Argentina para que el personal judicial pudiera hacer uso del comedor y gimnasio ubicado en las instalaciones del Edificio Libertad, frente a la sede de los tribunales federales de Retiro. «En el escrito ante el Consejo de la Magistratura se consignó el caso de un fiscal federal, Carlos Rívolo, que no pudo utilizar el gimnasio del edificio por haber dictaminado en contra de marinos retirados», recordó la letrada.
La acción de la Triple A
Luego de que la Justicia argentina ordenara la detención de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, organismos de derechos humanos vieron con buenos ojos que la viuda del general sea sometida a investigación si como jefa de Estado fue responsable de delitos de lesa humanidad. Tal interés le costó al presidente Kirchner críticas de diferentes sectores del peronismo.
En Entre Ríos y en sintonía con el Gobierno nacional, el gobernador electo Sergio Urribarri denunció en plena campaña al nieto del ex gobernador Enrique Cresto, quien lleva su mismo nombre. En un debate televisivo, dijo que el diputado provincial por Concordia representaba «a la expresión más rancia del peronismo de derecha en Entre Ríos, como es la familia Cresto».
«Creo que (los peronistas) no tienen resuelto el rol del peronismo en la derecha ni en la izquierda, básicamente las tribus justicialistas no han resuelto nada en cuanto a la historia, sino que la han ido cortando y comiéndosela como salame sin ningún tipo de análisis», analizó Baridón.
«Yo estaría dispuesto a discutir y a creer que los crímenes anteriores a la dictadura fueron de lesa humanidad», aportó Taleb en referencia a la magnitud que tendría el hecho de abrir causas, también ocurridas en Entre Ríos y bajo el manejo de recursos estatales, según se describe en algunos libros.
Los tres profesionales que hablaron con este medio se mostraron entusiasmados con que las palabras de Urribarri no hayan sido una típica chicana de campaña y se convierta, en sintonía con el Gobierno nacional, en un tema pendiente listo a abordar.
