“En el día de ayer, 4 de diciembre, desde la Asociación de Padres presentamos dos denuncias: una ante la Comisión Nacional de la Discapacidad (Conadi), que la tomó la doctora Cecilia Paso; y la otra ante el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino”, señaló Martínez a APF.
Asimismo, explicó que las presentaciones contra la funcionaria provincial se deben a “la injerencia de la señora de Busti en las políticas parlamentarias entrerrianas”.
Además, indicó: “Desde hace unos meses se nos ha privado del derecho de tener el certificado nacional de discapacidad, que es como un DNI que tienen los discapacitados”.
Según expresó estos certificados –que tienen carácter nacional– en la provincia se entregaban en dos oficinas: una estaba en Paraná y la otra en Concepción del Uruguay. “La señora de Busti eliminó estas oficinas y se puso ella a entregar los certificados. Pero como Entre Ríos no está adherida a la legislación nacional, los que otorga el Instituto provincial no los aceptan en Anses ni en el Pami ni en ninguna obra social nacional, y tampoco tiene validez para viajar”, se quejó.
La misiva
En sendas cartas enviadas al Defensor del Pueblo y a la Conadi, la presidenta de la Asociación de Padres resaltó en primer lugar la “ausencia total de políticas” en Entre Ríos que contengan a los discapacitados.
Párrafos más adelante destacó que ella misma “estudió, leyó, elaboró y redactó el anteproyecto de adhesión a la legislación nacional”.
Sin embargo, Martínez declaró que tal iniciativa aún no tiene vigencia debido a que Cremer aconsejó al Senado que no le diera lugar “por cuestiones económicas”.
Por otro lado, denunció que “han dejado de funcionar desde hace varios meses las dos “sucursales” del Centro Nacional de Reconocimientos Médicos con que contaba nuestra Provincia y que nos hacía un poco más sencillo el acceder a ese derecho llamado Certificado Nacional de Discapacidad”.
En este sentido, relató que en la misiva se aclara que “la oficina que se encontraba en Concepción del Uruguay, en calle Perú al 100, y la que se encontraba en el subsuelo de la Clínica Escolar en calle Santa Fe de Paraná, extendían los CND luego de presentar todos los papeles requeridos por la Nación para llegar al beneficio”.
En cambio ahora “para acceder al certificado que se extiende en esa dependencia hay que llenar una serie de requisitos incluso policiales que no tienen nada que ver con los que se piden a nivel nacional. Tampoco podemos realizar el trámite en forma inmediata o más o menos inmediata pues los turnos que se otorgan son a tres o cuatro meses por lo menos. Pero una vez que tenemos este ‘certificado’ en mano nos damos cuenta que no nos sirve para nada”, se quejó.
En ese orden continuó: “Tengo comprobado que no es aceptado ni en Pami ni en otras obras sociales nacionales, tampoco lo aceptan en el Anses y por supuesto menos que menos en los medios de transporte público de larga distancia. Es lógico que así sea pues no es un Certificado Nacional de Discapacidad”, aseveró.
Más adelante, Martínez aseguró: “Tampoco puede la señora del Gobernador pasar por alto toda una legislación nacional y quitarnos los pocos derechos que tenemos quienes vivimos en esta Provincia” y apuntó que Cremer “desde su postura demagógica y asistencialista, se quedó con la visión economicista y esto es violatorio de la Constitución Nacional”.
“Porque es una postura anticonstitucional, porque se contrapone a tratados internacionales, porque lesiona los derechos humanos, y porque antepone una postura política reñida con la moral al priorizar un tema económico sobre la vida humana”, señaló al respecto.
Por último, solicitó que “se brinde información a la Comisión de Salud del Senado entrerriano, pero información seria o a lo sumo que se nos gestione un encuentro con estos senadores a los fines de exponerles las cosas antes expresadas”. También que “se deje sin efecto ya el trámite inventado por la señora del Gobernador al frente del instituto Provincial de Discapacidad” y que “se vuelva a poner en funcionamiento el gestión tal cual se venía realizando, es decir en las dos sucursales del centro Nacional de Reconocimientos Médicos en Concepción del Uruguay y en Paraná”, concluyó.
