Pero un estudio que publicó en 2006 el Ministerio de Planificación Federal, que dirige Julio De Vido, y que desarrolló la Universidad Nacional de Quilmes, denominado La situación habitacional en Argentina, da cuenta que en Entre Ríos el déficit de viviendas nuevas es de 25.806 unidades. Pero a ese déficit cuantitativo, la investigación hecha sobre la base de los datos que aportó el Censo 2001 le añade otro: el déficit cualitativo en materia de viviendas. Así, en la provincia hay otras 56.727 familias que viven en viviendas “deficitarias recuperables”. Y son deficitarias ya sea porque no tienen terminación o porque les falta algún servicio, como la instalación de agua por cañería, que alcanza a unas 31.716 viviendas.
Sea cual fuere el número real de ese déficit, poder superarlo demandaría al menos una década. “En la provincia, no podemos hablar de más de 3 mil viviendas anuales que se pueden construir. Esto porque no hay capacidad empresarial, no hay mano de obra calificada, y creo que nosotros como organismo del Estado debemos avanzar un poco más en nuestra capacidad administrativa. Por eso seguramente vamos a ir atrás de la demanda. Pero todo tiende a mejorar”, dice José Cáceres, titular del IAPV.
En el IAPV sostienen que al número oficial de demanda habitacional hay que agregarle otro dato, constituido por lo que denominan “demanda oculta”. Al respecto, Cáceres sostiene que “de cada tres inscriptos, hay uno que no se inscribió, ya sea porque no cree, o porque no sabe, pero básicamente es porque no cree en el sistema, no cree que puede ser sorteado, o que al no tener relación política no le puede tocar”.
Entre quienes creyeron en el sistema, ya se adjudicaron 5.650 viviendas en lo que va de la actual gestión, y se estima que al final el actual período de gobierno, en diciembre próximo, se habrán construido en la provincia alrededor de 7.000 unidades. A eso, agregan otras 2.500 viviendas que quedarán en ejecución, y una incógnita: la posibilidad de acordar con la Nación la reactivación de un plan ya acordado, de 4.400 viviendas económicas (a un valor base de 18.500 pesos). Ese programa arrastra ya con dos licitaciones desiertas por el bajo valor reconocido por el Estado y que las empresas rehusaron ejecutar.
Y resta aún determinar cuál será el esquema de concreción de las 5.003 viviendas que la Nación acordó a Entre Ríos en el marco del plan plurianual que, con una inversión requerida para construir las más de 255.000 viviendas de aproximadamente 22.000 millones de pesos, se extenderá entre 2007 y 2009.
Lo que se construyó y lo por construir se hace con un premisa: ejecutarlas con una “calidad de base garantizada” que aplica el axioma de más viviendas en vez de viviendas con mayores terminaciones. Se trata de unidades que cuentan con todos los servicios pero que carecen, por ejemplo, de piso, no tienen revoque fino en los interiores y carecen de postigos en las aberturas. Así, es posible que los adjudicatarios paguen cuotas de entre 102 y 150 pesos, según los casos.
En realidad, la Nación reconoce un costo de 35 mil pesos por vivienda, pero en el mercado el valor real trepa a 48 mil. Esos mayores costos son reconocidos en partes iguales: la Nación aporta 9 mil pesos extra, y el IAPV invierte la otra mitad, recursos que saca de los 24 millones anuales que recibe del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi), que además sirve para pagar salarios y gastos de funcionamiento.
