La actual precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos estaba procesada por presunta defraudación y cohecho pasiva en virtud de información surgida de la causa por los cuadernos por lo que el magistrado consideró a ambas pesquisas relacionadas. Sin embargo, los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi entendieron que, para este caso, "ninguna de las pruebas allí reunidas tiene incidencia en los hechos".
Además, aludieron a la "imprecisión" de una pericia hecha en unidades de transporte para demostrar que se adulteraban los trayectos recorridos para acceder a los subsidios al gasoil. "La imprecisión de esta prueba constituye un importante límite para avanzar en la dilucidación de los hechos del presente sumario", agregaron.
En consecuencia, concluyeron en que "se impone la necesidad de llevar a cabo un estudio pericial que permita superar las falencias apuntadas, en el que se incluyan todas las variables con incidencia en el cálculo de los subsidios al transporte, así como el referido a la cuota mensual de combustible a precio diferencial".
"Es por ello que, una vez que se reúnan todos los factores de las ecuaciones respectivas y sean aunados bajo una lectura integral que las cohesione con las exigencias propias de un examen pericial, se asistirá a un escenario procesal óptimo para llevar a cabo la evaluación reclamada a la luz de la ley penal", definieron.
Al igual que Cristina Fernández, el detenido ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, quienes también habían sido procesados, fueron beneficiados de igual modo por la falta de mérito. La misma decisión corrió para Antonio Sicaro, Pedro Ochoa Romero y Roque Lapadula, y a empresarios del sector de transporte automotor.
