Los residentes de Puerto Yeruá vienen reclamando desde antes de las fiestas la faltante de agua en el pueblo, en el marco de un verano con temperaturas que rondan los 37 grados. En ese contexto, varias familias expusieron que utilizan agua del río para beber, asearse y cocinar y aseguran que “hace más de dos veranos que atraviesan esta situación”
Por ese motivo, en los últimos días comenzaron a evaluar la posibilidad de cortar la entrada al pueblo y evitar con ello el ingreso de turistas.
Enterado de esto, el jefe comunal de Puerto Yeruá, Daniel Benítez, emitió un comunicado oficial en el portal web de la Municipalidad, en el que detalla los trabajos que se están realizando para reforzar el suministro del agua potable “en el marco de la emergencia hídrica que posee gran parte del país”, y apuntó a las gestiones anteriores – el ex intendente Cristian Cevey – y llamó a los vecinos que reclaman: actores marginales” y “agitadores sociales
«Comunicado Oficial de la Municipalidad de Puerto Yeruá:
La Municipalidad de Puerto Yeruá fortalece el suministro de agua potable, en el marco de la emergencia hídrica que posee gran parte del país.
En esta tarde de viernes, estamos realizando una obra de empalme de 550 metros desde calle Oliver hasta Avenida Tomás de Rocamora, desde el pozo principal hasta la red troncal de agua, para fortalecer el caudal y la distribución de agua potable en distintas zonas que presentaban inconvenientes con el servicio de agua, ya se encuentra reestablecido.
Sin dudas la desinversión registradas en gestiones anteriores, repercuten en situaciones de crisis actuales y que intentan ser aprovechadas políticamente por actores marginales, agitadores sociales.
Vecinos y vecinas de Puerto Yeruá cuidemos más que nunca este recurso que es de todos, nos encontramos en Emergencia Hídrica. Entre todos hagamos un uso responsable del agua»
Vale recordar que el ex intendente de esa localidad, Cristian Cevey, renunció a su cargo en marzo del 2018 tras aceptar mediante juicio abreviado «haber realizado maniobras fraudulentas e ilegales para apropiarse de terrenos fiscales», en perjuicio de – entre otros – el estado. En ese contexto, el ex jefe comunal y otras 15 personas de su entorno, acordaron una pena de 3 años de prisión condicional, inhabilitación absoluta y perpetua para cargos o empleos públicos y la devolución de los terrenos mal habidos.
