En rigor, Di Lello tiene en sus manos el material revelado por el periodista Juan Amorín para El Destape, que puso al descubierto la maniobra, y lo que busca establecer es si efectivamente existe la sospecha de un delito.
Por ahora, lo que realiza es una investigación preliminar, en su carácter de fiscal con competencia electoral, ya que se podría estar frente a violaciones a la ley de financiamiento de los partidos políticos, pero también a otros delitos, como falsificación de firma y/o de documento, y tampoco se descarta el lavado de dinero, aunque ese punto específico fue denunciado aparte por la fundación La Alameda y debe dictaminar el fiscal Carlos Stornelli.
De todos modos, lo más factible es que Di Lello termine haciendo una denuncia pero en los tribunales de La Plata, porque en esa jurisdicción es donde se habrían originado las maniobras irregulares. Tanto la fiscalía como el juzgado federal platenses con competencia electoral están siendo subrogados: hoy el fiscal es Hernán Schapiro y el juez es Adolfo Ziuliu.
Lo concreto hasta ahora es que de una muestra inicial de 205 nombres que le entregó Amorín a la fiscalía, Di Lello tomó cien al azar y los envió a la Cámara Electoral. Resultó ser que 99 aparecen como afiliados al PRO.
El viernes último, un grupo de vecinos de Quilmes que se había encontrado en las planillas en cuestión, donde el periodista cruzó datos de aportes a la campaña y beneficiarios de planes sociales (originalmente Ellas Hacen y Argentina Trabaja), fueron a la Cámara y recibieron la confirmación de que también habían sido afiliados de manera inconsulta y sus nombres usados de ese modo para inflar apoyos. Les dijeron que si querían demandar deberían esperar y no desafiliarse de inmediato porque una investigación judicial deberá rastrear el trámite en cada caso. Debería existir una ficha, incluso con una firma. En la fiscalía podrían tomar algunos testimonios antes de efectuar la denuncia propiamente dicha, para sumarle sustento.
Las planillas de aportes son también las presentadas por los partidos ante la Cámara Electoral, y muestran a decenas de ciudadanos que viven en la pobreza aportando desde 300 hasta 2 mil pesos o incluso un poco más.
Di Lello aguarda también el resultado de un informe de la Gendarmería sobre las condiciones de vida de los financistas fantasmas, que deberá dar cuenta de sus posibilidades reales de hacer los aportes que figuran en la documentación.
La campaña electoral del oficialismo en 2017 fue encabezada en la provincia de Buenos Aires por Esteban Bullrich y Graciela Ocaña, y siempre tuvo como sostén visible a la gobernadora María Eugenia Vidal. Ninguno de ellos dio hasta ahora ninguna explicación sobre el uso de identidades para engrosar el aparato político y justificar el dinero utilizado. Este diario intentó hablar con quienes fueron candidatos y no obtuvo respuesta. En las redes sociales se intensificó una campaña para pedir explicaciones, en especial a la legisladora, que siempre buscó identificarse con la lucha anticorrupción, con el hashtag #GracielaResponde y la pregunta acerca de cómo financió su campaña.
