El fallo de Temis, ahora suspendido, fue dictado a principios de abril por un recurso pedido por la Unión de Docentes Argentinos (UDA), uno de los cinco gremios docentes con representación nacional. La resolución daba cinco días hábiles al ministro Jorge Triaca para convocar a los gremios a negociar. Sin embargo, tras ser notificado, el Gobierno ratificó que no llamaría a la paritaria federal. Pasado el plazo de cinco días, el domingo 9 de abril, los docentes resolvieron instalar la Escuela Itinerante frente al Congreso para exigir el cumplimiento del fallo. Cuando armaban la estructura de la carpa, el Gobierno los mandó a desalojar con la policía porteña, que reprimió a los maestros. Tres días más tarde, sin argumentos legales para prohibirla, la administración macrista debió permitir la instalación de la carpa.
Al presentar su apelación, los abogados del Ministerio de Trabajo reclamaron además que se apartara a la jueza Temis del caso, tras acusarla de tener “antecedentes kirchneristas”.
La carpa permanece montada desde el 12 de abril, aunque será desarmada esta tarde, para comenzar su recorrido por las provincias. En este marco, la medida dictada por la jueza Pucciarelli no pudo resultar más oportuna para Cambiemos.
La noticia circuló rápidamente, aunque con datos inexactos. Varios medios aseguraron que la Justicia había revocado el fallo de primera instancia. En realidad, la Cámara no se pronunció sobre el tema, sino que hubo una jueza de primera instancia que concedió la apelación con efectos suspensivos.
La Unión de Docentes Argentinos anticipó que recurrirá la decisión de Pucciarelli, que consideró “ilegal”. Para el gremio, la difusión de informaciones erróneas sobre los alcances de la medida buscó “condicionar a la Justicia”.
La UDA señaló además que “la apelación retórica del Gobierno al diálogo queda en el mero discurso y sin contenido, ya que sus acciones se desarrollan al margen de la ley”. En un comunicado, el titular del sindicato, Sergio Romero, planteó que los funcionarios “no respetan la negociación colectiva, no respetan la normativa vigente y tampoco en definitiva respetan los fallos judiciales”.
La paritaria nacional docente se realizaba todos los años desde 2008, entre el Ministerio de Educación de la Nación y los cinco sindicatos docentes con representación nacional. En ese espacio se acordó hasta el año pasado el piso del salario inicial de los maestros de todo el país, el Fondo de Incentivo Docente (que, con recursos del Estado nacional, mejora los salarios del sector), los recursos destinados a que las provincias más pobres alcanzaran a cubrir el mínimo salarial, los programas de capacitación destinados a los maestros y el financiamiento de los programas socioeducativos. Desde su puesta en marcha, la paritaria federal había logrado reducir un 22 por ciento la desigualdad salarial dentro de la actividad y había conseguido también reponer una instancia de negociación nacional tras la descentralización del sistema educativo vigente desde los 90.
