Según publicó Página 12, la demanda contra la petrolera y el país por la expropiación de la mayoría de acciones de YPF está liderada por la firma de abogados británica Burford Capital. A diferencia de los fondos buitres, los ingleses no llevaron títulos en default de la petrolera para iniciar un reclamo en los tribunales. Burford Capital se hizo con los derechos para litigar que originalmente tenía el Grupo Eskenazi, accionista de la petrolera argentina al momento de la expropiación.
Los buitres de segunda generación no demandan en primera persona sino que lo hacen a través de dos firmas españolas que comenzaron a controlar después de su quiebra: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía. La familia Eskenazi recurrió a esas empresas para llegar a administrar hasta un 25 por ciento de YPF. Burford Capital apareció en el marco del procedimiento de liquidación de las compañías en los juzgados españoles con el único fin de litigar en las cortes norteamericanas. Por eso, cuando remató la quiebra, el síndico español cedió a los británicos el derecho de hacerle juicio al Estado argentino e YPF.
El experto en finanzas Sebastián Maril, explica que una estrategia judicial posible para contener los avances en la justicia estadounidense sería que Argentina e YPF soliciten a la jueza Preska la suspensión del caso hasta que el Tribunal Supremo de España difunda su decisión en una causa paralela a la que tramita en su juzgado. Otra alternativa, indica Maril, es comenzar un proceso de solicitud de información conocido como “discovery” que insumiría hasta 9 meses de presentaciones cruzadas.
La demanda contra Argentina e YPF no es el primer intento de Burford Capital para cuestionar en los tribunales la recuperación de un activo del Estado nacional. Tras la estatización de Aerolíneas Argentinas, los abogados carroñeros británicos fueron los encargados de financiar la demanda iniciada por Marsans ante el tribunal arbitral del Banco Mundial. Cuando el conglomerado español de turismo y líneas aéreas quebró, Burford se hizo con los derechos de la causa y financió al estudio King & Spalding para mantener el reclamo en el Ciadi. En 2017, el dúo de buitres obtuvo un fallo favorable -apelado- que ordenaba a la Argentina pagar 320,7 millones de dólares a los vaciadores de Marsans por la expropiación de la aerolínea de bandera en 2008.
