Mariela Costen tenía apenas 110 pesos en la billetera cuando en la madrugada del 20 de julio del año pasado salió con otra joven de una fiesta por el Día del Amigo. Caminaron algunas cuadras por Avenida Eva Perón pero fueron atacadas por dos delincuentes en moto, Jacobo Almada y Félix Batalla, que las tiraron al piso y obligaron a entregar sus pertenencias. Ella les dio los $ 110, pero no alcanzó. Uno de ellos sacó un revólver calibre 22 y la ejecutó de un disparo en la cabeza. Tenía 41 años y dos hijos.
El femicidio de Mariela conmocionó a toda la población y puso en jaque el sentimiento de seguridad de los ciudadanos, que pocas veces se enfrentaron a un crimen con semejantes características: en ocasión de robo, en plena vía pública y a sangre fría. «Ella sólo se dio vuelta y les vio la cara, por eso la mataron», dijo su amiga. Así, sin más explicación.
Concordia entero exigió justicia y el reclamo apenas mermó cuando detuvieron a los femicidas, pero lejos estaba de concretarse el requerimiento inicial. A pesar de la desconfianza que generan siempre las decisiones de los jueces en nuestro país, nadie nunca – pero nunca – imaginaría que un año y medio después y tras decenas de intentos por elevar la causa a juicio, un «tecnicísmo» de 600 pesos sacaría a los imputados de la Unidad Penal N3 y los devolvería a sus casas. Pero pasó.
El pasado 5 de octubre y luego de que el juez de Garantías, Darío Mauttone, renovara por 60 días la prisión preventiva de Batalla y Almada, su colega Eduardo Degano resolvió que los imputados transitaran ese período en sus domicilios y basó su resolución en una cuestión meramente burocrática: la defensa de Almada había pedido realizar una pericia a los servidores de Facebook – desde donde surgió una relevante prueba en contra de los acusados – y para ello debían enviar una carta documento a las oficinas de la red social, un trámite que cuesta 600 pesos y que el imputado argumentó no tenerlos, por lo que la consulta no pudo llevarse a cabo. La situación fue nuevamente aprovechada por el abogado defensor quien solicitó que su cliente espere la posibilidad de concretar el trámite en su domicilio particular. Y el juez Degano aceptó.
Fue demasiado para Esther. Otra herida de bala la mataba en vida y está vez el homicidio era agravado por el vínculo. Ese vínculo que nació el mismo dia en el que la causa recayó en el juzgado de Mauttone y Degano, que debió ser protegido y resguardado por ellos, que nunca debió romperse por burocracias ni tecnicismos, ni poner siquiera en duda que la justicia llegará para quien la merece. Porque ¿qué es en definitiva el proceso judicial, sino la esperanza de las víctimas para obtener algún tipo de consuelo? Es su única herramienta de defensa. Más aún, su derecho.
Pero la mamá de Mariela ya no podrá ver si ese derecho se cumple. Sufrió un ACV a los pocos días de saber que Batalla y Almada se iban a sus casas con tobilleras electrónicas, que encima se demoraron en llegar «porque no había stock». Y tuvo miedo, mucho miedo. Ya no había siquiera rejas entre ellos. Murió sin saber si los jueces defendieron su causa y la memoria de su hija, si Almada consiguió el dinero que le dio las llaves de la celda, pero que Degano decidió abrir. Pasó el dia de la madre sin su hija y sus nietos sin su mamá, pero los asesinos en sus casas. Fue demasiado para ella, demasiada injusticia en la justicia. A su hija la mataron por 110 pesos y a ella por 600, su cuerpo no lo soportó.
