En el pedido de informes, autoría de la concejal Magdalena Reta de Urquiza, se menciona que en Concordia “hubo movilizaciones realizadas por movimientos sociales y cooperativas de trabajo como ‘Mundo Reciclado’ dirigida por el señor Juan Grabois y la sociedad ve con preocupación el avance de modalidades de trabajo que, mediante el cobro de programas sociales como el Potenciar Trabajo, simulan formas asociativas como las denominadas cooperativas de trabajo”, se indica. De la misma forma, se sostiene que hay otras que están en la misma condición como el MTR (Movimiento Teresa Rodríguez) o el Polo Obrero.
La nota sostiene que la municipalidad mantiene una relación contractual con muchas de esas agrupaciones que prestan servicios de limpieza en la vía o se les ha cedido bienes municipales mediante comodatos. Además “se han visto reclamos en la vía pública de estas agrupaciones donde reclaman alimentos, tierras y viviendas”.”Es importante resguardar el patrimonio de la ciudad y llevar tranquilidad a los vecinos”, se señala además.
Por ello, además del contrato de la planta de transferencia, el pedido de informes reclama saber si se les ha otorgado zonas de la ciudad para la recolección de material reciclable y la cantidad de cooperativas que prestan servicios en forma directa o indirecta, la cantidad de integrantes y las remuneraciones que reciben. Asimismo, piden saber estado de inscripción, de cuentas de Mundo Reciclado y las demás cooperativas, presentación de datos en el Inaes como las actas de asambleas y las asambleas de renovación de autoridades para tener activa las matriculares de las cooperativas.
Desde el bloque del oficialismo se aseguró que estaban de acuerdo en que la oposición pida la informacion que necesite pero, en particular, no iban a acompañar ese pedido ya que “confunde y genera más incertidumbre”. “Las cooperativas no son de Juan Grabois como comienza diciendo el proyecto. Están generando una falsa información”, mencionó Etchepare.
Hace 15 días, Grabois encabezó una jornada de protesta con más de 50 concentraciones y cortes de rutas en todo el país para reclamar la puesta en marcha de un salario básico universal que alcance a unos siete millones de pobres e indigentes. Se trató de la primera movilización que el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), un aliado del Frente de Todos, encabeza en contra de la administración de Alberto Fernández. Y Grabois no dudó en marcar a fuego su mensaje al Presidente: “No nos salgas a decir que hay que calmar a los mercados: vení y calmanos a nosotros, porque hay algunos gauchos y gauchas acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo esta hambre en la Argentina”, según publicó La Nación.
El antipiqueterismo de la derecha
El pedido de informes de la oposición, finalmente aprobado en el Concejo, no es ajeno a las posturas contrarias a los movimientos sociales, que agrupan a personas sin trabajo formal, que abundan en Juntos por el Cambio. El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, manifestó meses atrás ser partidario de “sacarles los planes sociales” a quienes participen de manifestaciones y acampes.
En abril pasado, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue más allá y propuso directamente “sacarlos para que la gente pueda volver a pensar que su salida es el empleo, el trabajo, el estudio”. Desde la UCR, Gerardo Morales afirmó que “una gran mayoría de los dirigentes de las organizaciones sociales son unos delincuentes porque le sacan la plata a la gente” y planteó quienes que “toman asistencia a las marchas deben estar presos”.
Hace pocos días, la dirigente de Juntos por el Cambio (JxC), Florencia Arietto, subió un video a las redes sociales, con una pala en la mano, donde le dedicó un mensaje especial a las organizaciones sociales que iban a marchar hacia La Rural. La polémica se generó porque trata a los piqueteros como “parásitos que no laburan”.
Hay que tener en cuenta la génesis de los movimientos piqueteros: están integrados por trabajadores desocupados y precarizados y surgió a mediados de la década del ’90, como consecuencia de las políticas económicas liberales las cuales generaron un crecimiento de la desocupación y precarización laboral (empleo informal). Fueron implementadas por Domingo Cavallo, quien fue titular del Palacio de Hacienda desde marzo de 1991 hasta julio de 1996. Si se analizan los datos, en 1991 Cavallo asume el Ministerio de Economía con una desocupación de 6,5 por ciento y renuncia en 1996 con una de 17,2 por ciento. Ni en el año de la covid-19 y la paralización de la economía en 2020 se logró una desocupación tan elevada como la de Cavallo (https://www.pagina12.com.ar/421432-la-hipocresia-de-milei).
