Los acusados son los agentes Nicolás Montes de Oca, detenido desde el año pasado aunque por una causa paralela, y Mauro Díaz Cáceres, quien aún se encuentra en funciones. Sobre ambos pesa un pedido por “homicidio agravado por alevosía, uso de arma de fuego y ser funcionario público”, y podrían recibir una pena máxima de prisión perpetua.
Ahora, el juez de Instrucción Facundo Maggio deberá resolver el planteo presentado por la fiscal Adriana Giannoni. “Después de mucha espera afortunadamente la fiscal realizó el requerimiento que desde la querella hace tiempo veníamos solicitando”, celebró Emilio Guagnini, representante legal de la familia Ferreira y miembro de Abogados del Noroeste por los Derechos Humanos (Andhes).
“La imputación por homicidio agravado es la correcta debido a que el accionar delictual de ambos policías verdaderamente fue temerario, ya que realizaron numerosos disparos con armas de fuego en la vía pública. Este es uno de los tantos casos que son consecuencia de la doctrina Chocobar”, remarcó en diálogo con Página/12.
Lo que ahora se espera es que la defensa de los policías presenten sus objeciones al caso a través de pedidos de apelación, y la cámara resuelva la elevación a un proceso oral en los próximos meses. De modo tal que el juicio podría comenzar en los primeros meses de 2020.
Facundo Ferreyra tenía 12 años cuando fue asesinado de un tiro en la nuca en la madrugada del 8 de marzo de 2018, mientras viajaba como acompañante en la moto que conducía su amigo Juan, de 14 años, quien resultó herido. Ambos chicos habían ido a ver “picadas” en el Parque 9 de Julio y volvían por la avenida Avellaneda, cuando la Motorizada 911 comenzó a perseguirlos.
En cuestión de segundos, los agentes comenzaron a dispararles y, en el cruce con la calle Río de Janeiro, Facundo cayó por un balazo de plomo de una 9 milímetros y múltiples postas de goma en la espalda y brazos. Murió a los pocos minutos en el Hospital Padilla y ahí comenzó el calvario de su familia.
La primera versión policial aseguró que los policías respondieron a los disparos hechos por los chicos, y esa fue la versión que tomó la ministra Patricia Bullrich para justificar el crimen.
Sin embargo, los peritajes posteriores determinaron que los chicos no habían disparado ningún arma y la funcionaria, férrea defensora de la doctrina Chocobar, jamás pidió disculpas por sus dichos. Al contrario, sostuvo que hay hechos en los que “disparar o no por la espalda depende de la situación, y es un detalle que no se puede analizar”.
Los peritajes determinaron también que los dos policías habían disparado y que la bala que causó la muerte del niño salió de la pistola de Díaz Cáceres, quien sigue en funciones. En tanto, un dopaje hecho a Montes de Oca (detenido desde hace un año por robarle la cartera a una mujer) determinó que antes del operativo él había consumido cocaína y marihuana.
